En México, hablar del presupuesto del Instituto Nacional Electoral nunca ha sido una conversación sencilla. Para algunos, representa uno de los gastos más elevados de nuestra democracia; para otros, es el costo necesario de mantener elecciones confiables y autoridades electorales independientes.
Pero cuando la Cámara de Diputados aprueba una reducción de 6 mil millones de pesos al INE, la discusión deja de ser exclusivamente financiera y se convierte, inevitablemente, en una discusión política.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 fue aprobado con un recorte de 6 mil millones de pesos al organismo electoral, que recibirá alrededor de 36 mil 900 millones. Los recursos fueron reasignados a distintos rubros, entre ellos educación, medio ambiente, búsqueda de personas y programas de atención social. Es decir, no estamos hablando de dinero que desaparece, sino de prioridades que el Poder Legislativo decidió modificar.
Y aquí comienza el debate.
¿Es legítimo revisar el gasto de una institución pública? Por supuesto. Ningún organismo debe tener un presupuesto intocable. El INE también debe rendir cuentas, justificar sus necesidades, revisar sus costos y demostrar que cada peso se utiliza correctamente.
La austeridad no debería ser un privilegio de unos cuantos.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre exigir eficiencia y reducir recursos sin explicar suficientemente cuáles serán las consecuencias operativas.
El INE no solamente organiza elecciones cada tres o seis años. Mantiene actualizado el padrón electoral, expide credenciales, capacita funcionarios, instala casillas, fiscaliza partidos y campañas, monitorea medios de comunicación y garantiza mecanismos de participación ciudadana.
Es una maquinaria institucional que necesita recursos antes, durante y después de una jornada electoral.
Y 2027 no será un año cualquiera.
Se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas. En otras palabras, el país tendrá un proceso electoral de enorme relevancia política, precisamente cuando la autoridad encargada de organizarlo tendrá que hacer más con menos recursos.
Desde el Congreso se ha defendido el ajuste bajo el argumento de que el instituto puede cumplir sus funciones con el presupuesto aprobado. Consejerías electorales también han señalado que buscarán proteger las actividades prioritarias y garantizar la instalación de las casillas. Es una postura que debe tomarse en cuenta, pero también habrá que observar cómo se traduce en la operación cotidiana.
Porque la pregunta no es solamente cuánto dinero se le quita al INE.
La pregunta es qué se deja de hacer, qué se pospone y qué capacidad institucional podría debilitarse. No se trata de que el INE tenga derecho a recibir cualquier cantidad que solicite, sino de que las decisiones presupuestales tengan justificación técnica.
Y ese antecedente importa porque la autonomía no se pierde necesariamente mediante una reforma constitucional. También puede debilitarse gradualmente cuando una institución carece de los recursos suficientes para ejercer sus atribuciones.
¿Significa esto que el recorte aprobado constituye un intento de control político? No sería responsable afirmarlo sin pruebas.
Pero tampoco sería responsable ignorar que una institución electoral financieramente debilitada puede enfrentar mayores dificultades para cumplir su función y conservar la confianza ciudadana.
Hay algo que debemos entender: el árbitro electoral no trabaja para el gobierno en turno, ni para la oposición, ni para los partidos políticos. Su responsabilidad es con los ciudadanos y con las reglas que permiten que el poder cambie de manos mediante el voto.
Y eso nos lleva a una reflexión todavía más importante.
En México hemos invertido décadas en construir instituciones electorales capaces de organizar elecciones competidas, reconocer triunfos y derrotas y ofrecer certeza a millones de personas. Esa construcción ha costado dinero, tiempo y, sobre todo, confianza.
No podemos darla por sentada.
Tampoco debemos confundir el costo de la democracia con el precio de mantener privilegios burocráticos. Si existen excesos, deben corregirse. Si hay irregularidades, deben investigarse. Si hay gastos injustificados, deben eliminarse.
Pero el ahorro no puede convertirse en una justificación automática para cualquier decisión.
La democracia cuesta. Lo que también cuesta, y mucho más, es perder la confianza en las instituciones que deben protegerla.
Y en un país donde cada elección vuelve a poner a prueba la convivencia política, la certeza electoral no debería considerarse un gasto prescindible.
Al final, los 6 mil millones de pesos pueden parecer una cifra más dentro de un presupuesto de billones. Sin embargo, detrás de ese monto está una pregunta que no deberíamos dejar pasar:
¿Estamos haciendo más eficiente al árbitro electoral o estamos reduciendo su capacidad de actuar con independencia?
Porque ahorrar en democracia puede ser una buena decisión, siempre que no terminemos pagando el precio con algo mucho más difícil de recuperar:
La confianza de los ciudadanos en las elecciones.
César Calandrelly
Comunicólogo / Analista Político
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