La titular del Ejecutivo federal ha enviado al Senado de la República una nueva serie de iniciativas de reforma a algunos artículos de la Constitución, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos; mismas que refuerzan la narrativa oficialista de austeridad pública yde momento reposicionan al gobierno de México en su capacidad de gestión de la gobernabilidad.
Anunciado el “Plan B” luego del “malogrado” intento de Reforma electoral de inicios de mes, la administraciónfederal presenta una nueva propuesta que asegura el apoyo de los partidos aliados a MORENA: el PT y Partido Verde.
A salvo quedaron sobre todo las posiciones plurinominales de estos partidos “satélites” en las Cámaras legislativas y algún otro tema sensible como el de financiación pública a las cúpulas partidistasnacionales, la proscripción inmediata del nepotismo o ya de la nueva propuesta las consultas populares sobre temas electorales que se dejaron total o parcialmente de lado pensando en sostener la alianza oficialista luego de tensiones no menores pero que dan pie a eventuales ajustes en el tablero político.
Tras la revuelta dentro del bloque oficialista que sobrevino luego de la primer propuesta de reforma, se configura, lejos de una derrota para el gobierno de México, la apropiación por parte del principal partido político del país de las banderas populares de la austeridad y, al menos en discurso, del fin de los privilegios en el poder público.
MORENA y la presidenta arrebatan a sus aliados,nada más pero nada menos que la orientación ideológica en el tema de partidos y elecciones. Pareciera entonces que la iniciativa original de reforma electoral hubiese estado pensada para que tuviera el rechazo de los aliados como finalmente ocurrió.
El agrietamiento superficial del bloque oficialista deja ver lealtades e intereses, de los que Palacio Nacional toma nota. Se actúa, naturalmente, en función de un cálculo electoral para próximos años.
Elementos como la reducción del gasto en los procesos y órganos electorales, en los congresos locales y en el Senado o la disminución de los integrantes de los ayuntamientos son atractivos para el votante promedio que percibe poca utilidad práctica en ellos.
Nadie podría estar en contra de transparentar detalladamente el gasto de los partidos ni de fiscalizar su financiamiento y el de sus candidatos. La revocación de mandato es además el instrumento de democracia participativa que de acuerdo a las nuevas iniciativas permitirá a la presidenta hacer campaña a su favor.
El “Plan B” permite a la presidenta controlar la narrativa oficialista rumbo a las próximas elecciones, con MORENA como partido preponderante para seguir adelante con el proyecto de “La cuarta transformación”y en un contexto de normalidad democrática. La presidenta ganó perdiendo.
¿Será que la oposición tiene un Plan?.
“No confiéis en los príncipes, en los hijos del hombre, que no salvan.”
(Salmos 146:3)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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