En esta semana el debate sobre la política de gasto público de la Cuarta Transformación tuvo un desenlace muy significativo con la cancelación de 109 fideicomisos públicos que con fines diversos estaban orientados a atender problemas que en distintos momentos de nuestra historia reciente, dependencias y organismos e instituciones gubernamentales consideraron fundamentales para atender demandas, emergencias y necesidades sociales.

La oposición aprovechó el debate para cuestionar la liquidación de los fideicomisos más visibles, en particular los fideicomisos asociados a instituciones dedicadas a labores de investigación y desarrollo tecnológico. Sin aportar más elementos que el prestigio de investigadores y miembros de la comunidad científica y las dudas sobre el destino final de los 68 mil millones de pesos, acumulados en los activos de estos instrumentos financieros, los críticos más feroces condenaron esta decisión presidencial sin contemplaciones, asociándola a un despojo que amenaza con regresar al país a la edad de piedra.

La respuesta a esta crítica, tan superficial, que sólo invoca la autoridad intelectual de un segmento reducido de la comunidad científica, que en los últimos dos años ha hecho de la oposición ciega al gobierno de la 4T un oficio, puede darse en distintos frentes, pero aquí me ocuparé de un ángulo fundamental el que tiene que ver con la filosofía social y económica que ampara decisiones como la que derivó en el acuerdo legislativo de liquidar los fideicomisos.

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En efecto, esta decisión se enmarca en los fundamentos de una nueva política económica y social que se propone modificar la esencia del credo que fundamentó durante varias décadas la misión de las instituciones y organismos públicos que sustentan las acciones del gobierno.

Un credo que asociaba el buen destino de nuestro país con indicadores de desempeño macroeconómico que se reducían a vigilar el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB y cuando mucho del PIB, per cápita, sin tomar en cuenta el reparto de la riqueza generada; y que desde la crisis de 1982, bajo el pretexto de controlar la inflación, impuso un modelo de desarrollo que empobreció, más allá de lo socialmente tolerable, no sólo a las familias marginadas del mercado laboral; sino contra toda racionalidad económica, a las familias de los 20 millones de trabajadores que generaban la mayor parte de la riqueza nacional.

A los defensores de ese régimen tan injusto, mientras el PIB creciera, aunque fuera un céntimo, no les importaba que la mayor parte de la riqueza generada fuera a parar a manos de hombres que en sus activos personales acumulaban una riqueza equivalente al 10% del tan adorado PIB; tampoco que los salarios y mucha de sus prestaciones asociadas se comprimieran a la cuarta parte del nivel alcanzado a fines de los años setenta del siglo pasado.

Hay evidencias de los resultados de este modelo de desarrollo que mostraban su irracionalidad, como en el caso de la industria extranjera de exportación, que vivió años en los que las devaluaciones le permitieron duplicar el número de trabajadores contratados, sin pagar un dólar más en sus nóminas; lo extraño es que ello no era producto de la voracidad de la llamadas empresas transnacionales, sino de la indiferencia y estrategia de remate de nuestra mano de obra que con tanto orgullo exhibían nuestros gobernantes en los foros internacionales.

En realidad, a este absurdo modelo jamás le importó el tema de la distribución de la riqueza, siempre lo mantuvieron alejado del debate sobre el bienestar del país. Para quienes nos gobernaron bajo este paradigma, el reparto justo debía esperar, sin fecha de cumplimiento, hasta que el pastel alcanzara una dimensión que permitiera aumentar el tamaño de la porción que tocaba a los pobres, sin poner en riesgo las viandas que se servían en la mesa de los grandes señores que aportaban el capital.

Cerramos esta breve alusión al modelo neoliberal de desarrollo recordando la sátira que en su tiempo Bernard Shaw hizo a la naciente ciencia de la estadística, y que ahora ha sido explotada para engañarnos. En su definición muy breve insinuaba la falacia que acompaña a toda medición macroeconómica que no tiene en cuenta la verdadera distribución de la riqueza:

“La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno”

Para concluir sólo debo volver al tema de los fideicomisos y en particular a la extinción de los relacionados con el desarrollo científico y tecnológico que ha generado tanto encono entre algunos investigadores, propalando la idea de que el gobierno de la 4T está liquidando nuestro potencial de desarrollo en esta materia; en verdad no es tal el propósito de este gobierno, por el contrario pronto se verá que esta medida lejos de afectar las capacidades científicas de este país en mucho las va a mejorar.

En el caso concreto de estos fideicomisos asociados al tema científico, se están afectando instrumentos financieros muy opacos, mal vigilados y peor controlados que en muchos casos eran el medio para que los investigadores tuvieran ingresos adicionales a los que ya de por sí tienen, valiéndose del equipo y la infraestructura científica y tecnológica que es patrimonio de la nación.

Teniendo a la vista el espíritu del nuevo modelo de desarrollo que ya está implantando el gobierno del presidente López Obrador, el problema central para el desarrollo del potencial científico no se reduce, como en el pasado, a crear un sistema de incentivos, sin límite, para que un grupo reducido de académicos mejore su estatus social y económico; es mucho más que eso, y realmente se propone acabar con las inequidades que caracterizan no sólo al mundo de la academia sino a todo el conjunto del sistema de educación superior, cuyo desarrollo en país ha sido inmensamente disparejo.

A propósito, sólo traigo a cuenta un gran problema estructural que está enfrentando la 4T, producto de la mala administración de las políticas educativas implantadas en las últimas décadas, y que a diferencia de la regularización de los fideicomisos, este sí tiene una gran relevancia para impulsar el potencial científico y tecnológico de México.

Actualmente en la mayor parte de las instituciones públicas de educación superior los profesores de tiempo completo, que suelen representar entre el 30 y el 40% de la planta de profesores y acumular hasta el 90% de los pagos en servicios personales, atienden a menos del 40% de los grupos abiertos en un ciclo lectivo; mientras que los profesores de asignatura y los de a honorarios que pueden representar entre el 70 y el 60% del plantel de maestros, atienden a más de la mitad de los grupos abiertos y en el más afortunado de los casos sólo reciben como pago el 10% de lo que estos centros de enseñanza gastan en servicios personales destinados a la docencia y la investigación.

Juan Carlos Loera SQR
Juan Carlos Loera de la Rosa

Empresario y político defensor de la cuarta transformación.


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