En México la política es impredecible. Uno cree que ya vio todo… hasta que no. Apenas hace unos días la reforma electoral de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum sufrió un atorón legislativo que algunos celebraron como si hubieran ganado el mundial. Ya sabe cómo es esto: la oposición celebrando, los analistas de redes se vuelven constitucionalistas de sillón y los comentaristas anuncian el “fin del proyecto”.
Y entonces aparece el famoso Plan B.
Porque en política, igual que en la vida, cuando la puerta se cierra uno busca la ventana. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora con la discusión sobre los cambios en las reglas de la revocación de mandato.
Para quienes no viven pegados a los dramas de la política diaria, lo explico fácil: se está planteando modificar el marco legal para que, en un proceso de revocación, la persona en la presidencia también pueda promover la participación y defender su continuidad en el cargo.
Sí, así como lo lees.
Y claro, en cuanto se mencionó esa posibilidad empezaron los gritos de “¡ventaja!”, “¡autoritarismo!” y otras palabras que usan los de oposicion.
Pero vale la pena detenerse un segundo y pensar el tema con calma.
La revocación de mandato nació, en teoría, como un mecanismo para que la ciudadanía tenga más poder sobre sus gobernantes. Es decir, no esperar seis años para evaluar si un gobierno funcionó o no. Si eso es cierto, entonces la discusión debería centrarse en algo muy simple: ¿cómo se informa mejor la gente para tomar esa decisión?
Porque si algo nos sobra en México es opinión… pero no siempre información.
El debate también toca inevitablemente al Instituto Nacional Electoral, que sigue siendo el árbitro del proceso. Nadie está proponiendo desaparecerlo ni quitarle su papel central.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Porque México ha vivido décadas de una democracia que a veces funciona más por desconfianza que por participación. Todo se regula para evitar abusos, lo cual está bien… pero también termina generando procesos donde la ciudadanía participa poco porque siente que todo está demasiado controlado.
Entonces aparece esta propuesta que, básicamente, dice: si vamos a preguntarle a la gente si un presidente debe seguir o no, también permitamos que ese presidente explique por qué sí.
No parece tan malo, ¿o sí?
Por supuesto, tampoco hay que ser ingenuos. La política nunca es un terreno completamente neutral. Cualquier regla electoral tiene efectos políticos. Siempre. La diferencia es si esos efectos fortalecen la participación o si la reducen.
Y en ese terreno el llamado Plan B tiene una lógica clara: mantener vivo el debate sobre cómo hacer más accesibles los mecanismos de participación ciudadana, lo cual es bueno.
Además hay otro tema que pasa medio desapercibido entre tanta grilla política: el asunto de los costos del sistema electoral. Desde hace años existe un reclamo social bastante extendido sobre el tamaño y el presupuesto de ciertas estructuras políticas.
No se trata de desaparecer instituciones ni de debilitar la democracia, como algunos dramatizan. Se trata de algo más sencillo: preguntarse si las reglas actuales siguen siendo las más eficientes para un país que está cambiando.
Porque México ya no es el mismo de hace treinta años.
La ciudadanía hoy está más informada, más conectada y también más exigente. Las redes sociales, para bien o para mal, han vuelto mucho más directa la relación entre gobernantes y gobernados.
Y en ese contexto, discutir cómo se regulan procesos como la revocación de mandato no es un capricho político. Es parte de la evolución natural de cualquier sistema democrático.
Ahora bien, tampoco hay que dar por hecho nada. El Plan B va a pasar por el Senado, se va a discutir, se le van a mover comas, artículos y seguramente también egos políticos. Así funciona esto. La política rara vez es relajada.
Pero algo sí queda claro: lejos de quedarse cruzada de brazos después del rechazo inicial a su reforma electoral, la presidenta optó por hacer lo que hacen los que todavía creen en el juego democrático… insistir.
Y eso, aunque a algunos les moleste, también es parte de la democracia.En una democracia real no todo se aprueba a la primera ni todo se cancela para siempre. Las ideas se discuten, se corrigen, se vuelven a presentar, por ejemplo aquí en el estado con el tema de la elección directa de regidores.
A veces salen mejor.
A veces no.
Pero quedarse quieto nunca ha sido opción en la política mexicana. Y si algo ha demostrado este gobierno es que, incluso cuando parece que una reforma se cae, la historia todavía puede dar otro giro.
Así que sí… el famoso Plan B apenas empieza a caminar.
Y como suele pasar en México, la discusión apenas se está poniendo buena.
Ángeles Gómez
Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.
