La democracia mexicana está bajo acecho, sea por las amenazas, intimidaciones o ataques que sufren candidatos y autoridades, o bien por la postulación de perfiles ligados o directamente responsables de la comisión de delitos
Las del próximo 6 de junio próximo serán unas elecciones que, de seguir la tendencia actual, se desarrollarán con la violencia del crimen organizado como escenografía segura.
Las cifras preliminares de marzo indican que solo en ese mes hubo dos mil 444 personas asesinadas, lo que representa 78.8 víctimas al día, además de tener una sola jornada (17 de marzo) como la más violenta en lo que va de 2021 al acumular 103 muertes.
El proceso electoral será especialmente grande, con todo el país convocado a votar por la renovación de la Cámara de Diputados -500 asientos-, y comicios locales para 15 gubernaturas, mil 923 ayuntamientos y alcaldías (cada uno con sus respectivos puestos), 30 renovaciones de congresos estatales -1063 curules-, y 431 cargos auxiliares, para un total de 19 mil 915 cargos de elección popular.
Con la violencia desbordada como está en el país desde 2006 cuando Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República, sería inocente pensar que los procesos electorales estarían ajenos o con alguna suerte de ‘blindaje’ de la mano del narco.
Evidentemente, no es así.
La consultora Etellekt reveló recientemente que al 20 de marzo pasado habían sido asesinados 18 candidatos –15 hombres y tres mujeres– a algún puesto de elección popular; en total, de acuerdo al informe titulado Indicador de Violencia Política en México 2021, 61 políticos y 78 funcionarios públicos sin militancia ni aspiraciones políticas fueron asesinados desde el inicio del proceso electoral, el 7 de septiembre pasado.
Se trata este de un panorama que por desgracia no es nuevo, en las pasadas elecciones concurrentes de 2018 desde el inicio del proceso hasta el día de los comicios 152 políticos y candidatos y 371 funcionarios fueron asesinados, con casos en todas las entidades del país.
En un país con tal desgobierno, la violencia se vuelve cada vez más cotidiana. Apenas hace unos días, Claudio Vega Roque, candidato a diputado local en San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano, interrumpió la grabación de un spot de campaña por una balacera cercana.
¿Quiénes están detrás de la violencia política?, ¿qué ganan quienes a plomo determinan algo que debería dirimirse en las urnas?
Existe, por supuesto, el otro lado de la moneda, con las organizaciones criminales de toda índole participando en las elecciones con el cobijo de los partidos políticos.
Están ahí los casos documentados por Miroslava Breach de candidatos cercanos al narco.
Decía ya que la infiltración no se limita a los cárteles de la droga. Recientemente, Morena postuló como candidatos a diputaciones federales a dos miembros de la iglesia La Luz de Mundo, investigada en México por evasión de impuestos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que el líder Nassón Joaquín García enfrenta en Estados Unidos cargos por abuso sexual de menores y pornografía infantil.
También como candidato a diputado federal por Morena aparece el alcalde con licencia Armando Cabada, que participó en el esquema de la nómina secreta del exgobernador César Duarte, quien enfrenta un proceso de extradición en Estados Unidos para responder por presuntos delitos cometidos en México.
El PAN en Chihuahua postuló como candidata a la alcaldía a María Eugenia Campos Galván, hace unas horas vinculada a proceso también por su participación en la nómina secreta de Duarte, de quién, según la Fiscalía General del Estado, recibió millones de pesos.
La democracia mexicana, consolidada, con elecciones periódicas e ininterrumpidas, organizadas por autoridades autónomas, está bajo acecho, sea por las amenazas, intimidaciones o ataques que sufren candidatos y autoridades, o bien por la postulación de perfiles ligados o directamente responsables de la comisión de delitos.
En el primer caso debe por supuesto exigirse que las autoridades responsables investiguen y sancionen, pero también es fundamental entender que los crímenes en contra de candidatos tienen un impacto inmediato en la sociedad: inhiben la participación ciudadana, determinan quién sí y quién no puede postularse e incluso pueden marcar el destino de una comunidad.
Recuerdo como trágico ejemplo el caso de Liliana García, asesinada en mayo de 2018 en el municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, cuando era aspirante a regidora por el PRD
Días después de su asesinato, la dirigencia local de su partido optó por no hacer campaña en la región, al no haber condiciones de seguridad y ante la imposibilidad de contactar siquiera a su candidato a la presidencia municipal del lugar.
¿Cómo puede hablarse de normalidad democrática en cualquier sitio en el que alguno de los candidatos no puede hacer campaña o, simplemente, desaparece por los ataques del crimen?
¿Qué pasa cuando los partidos, en México financiados con recursos públicos, nos ofrecen como opciones a personas involucradas activamente en delitos?
Mientras eso ocurre, las autoridades de seguridad están absolutamente rebasadas, inoperantes y sin manera de que pronto hagan justicia para garantizar eso, que la democracia funcione sin amenazas, pero también, sin impresentables.
PANORAMA
Como periodista, pensar en la frase ‘viene flaca la caballada’ era más o menos común cada que se presentaban las candidaturas de algún partido si entre los postulados había escasas figuras de peso, importantes para la agenda política nacional.
El problema, ahora, es que la caballada no viene flaca, viene repleta de chapulines, aspirantes que con tal de tener un hueso olvidan principios, ideologías y vergüenzas. Ahí está Mónica Borruel postulada por Morena, Miguel Riggs que va por Movimiento Ciudadano, Javier González Mocken por el PAN, entre otros.
La caballada da repelús.
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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