En México, a pesar de los señalamientos contra algunos miembros del Ejército por presuntos actos de corrupción (como los contratos otorgados al grupo de Andy López Beltrán en las obras del Tren Maya o el caso del general Eduardo León Trauwitz, exjefe de seguridad de Pemex, acusado de encubrir el robo de combustible durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), la institución castrense se mantiene como uno de los pocos pilares con alto respeto social. El propio general Trauwitz ha señalado que al final de ese sexenio entregó información clave sobre estas operaciones ilícitas a Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía, y a Octavio Romero Oropeza, otrora director de Pemex. Serán muchos los militares señalados e inculpados, pero en no pocos casos actuaron bajo órdenes de su comandante supremo o de sus emisarios políticos.
En un país azotado por la violencia, las crisis institucionales y la desconfianza ciudadana, el Ejército Mexicano (a pesar de todo) ha trascendido su función tradicional defensiva o ceremonial para convertirse en un actor fundamental de la gobernabilidad y la seguridad nacional. Ha asumido responsabilidades que antes correspondían a autoridades civiles debilitadas, fragmentadas o directamente corrompidas.
En el centro de esta transformación se encuentra el General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien encarna no solo el mando operativo de las Fuerzas Armadas, sino un liderazgo que equilibra la disciplina militar con el compromiso republicano.
A lo largo de las últimas décadas (y pese a la entropía institucional del aparato civil), el Ejército ha asumido tareas que van desde labores humanitarias hasta el combate directo contra el crimen organizado. Su presencia ha sido indispensable frente a amenazas que van desde el narcotráfico y el crimen transnacional hasta desastres naturales y migración irregular. Esta expansión operativa refleja la debilidad (o incluso la inexistencia) de capacidades funcionales en los organismos civiles.
Bajo el mando del General Trevilla, el Ejército ha fortalecido su eficacia estratégica y operativa, al tiempo que ha motivado a las fuerzas del orden civiles a mejorar su desempeño, al verse obligadas a elevar sus estándares ante el ejemplo profesional de las Fuerzas Armadas. Este fenómeno, aunque benéfico en muchos sentidos, también revela una paradoja: los militares han demostrado capacidad para asumir funciones civiles, pero no desean hacerlo de forma permanente. Lo han hecho porque no ha habido alternativa mejor.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el involucramiento del Ejército en tareas civiles alcanzó niveles sin precedente (seguridad pública, construcción de aeropuertos, puertos, aduanas, trenes, bancos y almacenes de medicamentos). Más que confianza, muchos analistas ven en esta estrategia un cálculo político: mantener al Ejército ocupado, con recursos, poder operativo y responsabilidades institucionales, fue una forma de evitar desobediencias o rupturas. Más que empoderamiento, fue contención.
A ello se sumó la falta de opciones confiables. La corrupción endémica en la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, los escándalos en aduanas y puertos, y el desprestigio de los contratistas civiles dejaron al gobierno sin estructuras operativas viables. En ese vacío, el Ejército fue la única institución que ofrecía resultados con disciplina y una relativa transparencia.
Este dilema no ha sido fácil de gestionar, pero el General Secretario ha sabido conducir al Ejército con firmeza, sobriedad y una clara orientación institucional. Su discreción, su profesionalismo y su respeto a la misión constitucional de las Fuerzas Armadas han evitado que la militarización de la vida pública se vuelva una constante peligrosa.
Hoy, el Ejército no solo usa armas. Construye caminos, rescata personas, combate incendios, atiende emergencias sanitarias, protege instalaciones estratégicas y lleva servicios de salud, cultura y educación a zonas marginadas. Esta labor es posible por una ética militar que pone al servicio de la nación valores como la disciplina, el sacrificio y la lealtad.
No obstante, hay que reconocer los riesgos: el crimen organizado sigue siendo una amenaza latente, y la tentación política de seguir usando al Ejército como escudo frente a la ineptitud civil está presente. En este contexto, la conducción del General Secretario ha sido decisiva para mantener el equilibrio institucional y evitar abusos.
Es tiempo de reconocerlo con claridad: ante la ausencia de alternativas civiles eficaces, la presencia del Ejército Mexicano ha sido determinante para la estabilidad nacional. Hoy, más que nunca, se debe respaldar su labor y destacar el liderazgo prudente, firme y leal de nuestras Fuerzas Armadas, cuyo servicio sigue siendo un referente de profesionalismo y compromiso auténtico con la República.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
