En diciembre de 2019, durante la Octava sesión de la Conferencia de los Estados miembros de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), adoptaron la Resolución Conjunta 8/13, en la que se incluyen diversas recomendaciones a las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) para fortalecer sus esfuerzos de prevención y combate a la corrupción. En mayo de 2021, la Declaración Política contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró la relevancia de la fiscalización superior en la prevención de la corrupción.
Ambos instrumentos complementan los distintos compromisos que, desde hace varios años, ha asumido la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en materia anticorrupción, de acuerdo con dicha recomendación, la Declaración de Abu Dabi, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 y el Memorando de Entendimiento suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Consciente de la relevancia de institucionalizar estos deberes entre las EFS de Latinoamérica y el Caribe, en abril de 2019, la Organización Latinoamericana y del Caribe (OLACEFS) creó el Grupo de Trabajo de Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT), cuyo propósito era propiciar el intercambio de información oportuna entre las EFS de la región para la mejor ejecución de sus procesos de investigación y fiscalización gubernamental, que coadyuven a la lucha contra la corrupción transnacional, así como al intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Tomando como punto de partida el contenido de la Declaración de San Salvador sobre la Lucha contra la Corrupción Transnacional de la OLACEFS, el GTCT, integrado por las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Panamá, bajo el liderazgo de la EFS de Ecuador, inició sus actividades.
Durante los dos años de su mandato, el GTCT elaboró la Guía de Intercambio de Información entre Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Manual de Buenas Prácticas de Lucha contra la Corrupción, el documento “El tráfico de especies como un caso paradigmático de corrupción transnacional: potenciales aportaciones del control externo gubernamental” y las Herramientas metodológicas para el control externo gubernamental de la exportación legal de especies de flora y fauna silvestre, con enfoque en la prevención de la corrupción transnacional.
Considerando el alcance del nuevo proyecto regional “Fortalecimiento del control financiero externo para la prevención y combate eficaz de la corrupción” que la OLACEFS desarrollará en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, la Asamblea General decidió dar a GTCT el carácter de Comisión Técnica, dando paso a la Comisión Técnica Especializada en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (CTCT).
La nueva Comisión, lidereada por la EFS de Chile, es un espacio que permitirá la cooperación en materia de prevención, detección y combate a la corrupción entre las EFS para la mejora del control gubernamental y otras actividades anticorrupción que efectúan las EFS, con cobertura e impacto transnacional.
Para lograr sus objetivos, cuenta con dos Fuerzas de Tarea, una se encargará de desarrollar la Política Anticorrupción en la OLACEFS, y, la segunda, elaborará un plan de acción para la implementación de medidas que estén en el marco de competencias de las EFS para contribuir a la prevención de delitos contra la flora y la fauna silvestre.
Estoy seguro de que la nueva Comisión Técnica hará aportaciones oportunas y novedosas para afianzar las contribuciones de la OLACEFS a la prevención y combate a la corrupción, generando valor para nuestra región.
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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