El regreso a clases debería significar libros, aprendizaje, nuevos maestros, amigos y oportunidades. Para muchas familias, sin embargo, se ha convertido también en una temporada de gastos que parece no tener fin.
A los útiles escolares, mochilas, zapatos, transporte y demás necesidades se suman uniformes cuyos precios, francamente, resultan difíciles de justificar. Una playera deportiva puede costar 450 pesos y un pantalón 500. En el CEBETIS, por ejemplo, el uniforme completo puede representar alrededor de 2 mil 800 pesos.
Y la pregunta es inevitable: ¿de verdad una familia necesita gastar esa cantidad para que su hijo pueda acudir correctamente uniformado a la escuela? Al menos, no deberia.
El uniforme tiene una razón de ser, genera identidad, facilita la identificación de los estudiantes y establece cierta igualdad dentro de los planteles. No estoy en contra de su uso. Estoy en contra de que una obligación escolar termine convirtiéndose en una carga económica desproporcionada para los padres de familia. Porque 450 pesos pueden parecer poco desde un escritorio, pero no significan lo mismo para todas las familias.
Quien tiene dos o tres hijos estudiando sabe perfectamente de qué estamos hablando. No se compra una sola playera, ni un solo pantalón, ni un solo par de zapatos. Los niños necesitan cambios de ropa, crecen, desgastan las prendas y, en ocasiones, tienen uniformes distintos para actividades deportivas y para asistir regularmente a clases. Así, lo que inicialmente parece un gasto de algunos cientos de pesos fácilmente se convierte en varios miles. Y ahora se agregan nuevos requisitos. En algunas secundarias, por ejemplo, se está solicitando a los alumnos un examen médico, imagínese usted!
La prevención y el cuidado de la salud de nuestros niños son importantes. Eso no está en discusión. Lo que sí debemos cuestionar es la facilidad con la que seguimos trasladando obligaciones económicas a las familias sin detenernos a pensar cuánto representa todo junto.
Sumele el uniforme, los zapatos, la mochila, la lista de útiles, cuotas, transporte, fotografias etc., etc, etc, se convierte en una cuenta interminable de pagar y despues se preguntan ¿por que hay deserción escolar?
De cien en cien y de quinientos en quinientos, terminamos construyendo una barrera económica alrededor de algo que debería ser uno de los principales instrumentos de igualdad social: la educación. Hay que decirlo con claridad: exigir uniformes a precios excesivos es un abuso y demuestra una profunda insensibilidad frente a la realidad económica de muchas familias.
Una escuela no debería obligar a comprar con determinado proveedor cuando existen prendas equivalentes a precios mucho menores. Tampoco debería convertir un logotipo bordado en la diferencia entre poder usar un pantalón económico o tener que pagar cientos de pesos adicionales.
Se pueden establecer colores, modelos y características sin imponer precios desproporcionados. Se puede permitir que los padres compren donde encuentren mejores condiciones. Se puede facilitar la reutilización de uniformes entre hermanos. Se pueden establecer periodos de tolerancia. Se puede, en pocas palabras, aplicar sentido común. También las autoridades educativas deberían revisar estas prácticas, porque la educación pública no puede presumirse gratuita mientras permitimos que alrededor de ella crezca una larga lista de gastos obligatorios que presiona cada vez más el bolsillo de las familias.
No se trata de eliminar reglas ni de cuestionar por cuestionar. Se trata de recordar para quién existen las instituciones educativas y existen para los estudiantes. Detrás de cada estudiante hay una familia haciendo cuentas, ajustando gastos y, muchas veces, sacrificando otras necesidades para que sus hijos puedan estudiar.
La escuela debe ser un espacio que abra oportunidades, no uno que imponga cargas innecesarias. La disciplina se puede enseñar sin abusar del bolsillo de los padres. La identidad escolar se puede construir sin uniformes de miles de pesos. Y la salud de los estudiantes se puede cuidar sin convertir cada nuevo requisito en una factura más para sus familias.
Parece que no saben que gobernar, administrar o dirigir una institución comienza por algo tan sencillo como ponerse en el lugar de quien tiene que pagar, y sobretodo por lo que se supone es un derecho constitucional como lo es la educacion.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota? No dudes en enviarnos un correo
