La educación para todos es un derecho reconocido y tutelado por nuestra Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Es un instrumento social, contra la desigualdad.
Veamos que paso en México durante la pandemia, en estados del sureste, como Oaxaca, los niños fueron mandados a sus casas, con familias humildes que tenían que trabajar, con familias que no tuvieron esa oportunidad de estudiar y por tanto `poder transmitir a sus hijos la educación “a distancia”. Tuvo razón el presidente anterior, cuando insistió en el regreso a clases, no era regresar, por regresar, era salvar a millones de niños condenados a la falta de educación social.
A la educación se le considera como un derecho fundamental de los ciudadanos, sin discriminación alguna. Toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita, como lo es, por supuesto de alta calidad social. Y es un derecho ciudadano.
Hace algunos años se publicó —como parte del proyecto de Educación y Desarrollo en América Latina y el Caribe, dirigido por la CEPAL el estudio “Elementos para un diagnóstico del sistema educativo tradicional en América Latina”, el cual indica que la educación ocupa “[…] un papel central tanto desde la perspectiva del cambio social como desde la que se refiere al destino individual de las personas.” NO en balde la figura de Juárez, fue para muchos de nosotros el mejor ejemplo en la materia, por lo menos para mí.
Este razonamiento explica el nivel de atención dada a la educación desde el Estado y la formación de sistemas educativos y pedagógicos en el Mundo. El cumplimiento de sus metas no está exento de amplios desafíos; en el caso latinoamericano hay problemas regionales comunes que se han asociados a retos como cobertura geográfica de las escuelas, capacidad de matrícula, suficiencia terminal por ejemplo.
Al respecto, sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en su Objetivo 4 (ODS 4) “Educación de calidad”, plantea metas que involucran a la totalidad de los niveles educativos, desde el básico hasta el nivel superior. Las características de estas metas denotan un enfoque educativo dirigido hacia el desarrollo. Aunque los países avanzan en el cumplimiento de esta agenda, hay nuevos desafíos como el uso extensivo de la inteligencia artificial en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Las nuevas tecnologías presentan ventajas en términos de comprensión de grandes volúmenes de información; menor tiempo a invertir en la búsqueda de datos; e incluso asistencia en el desarrollo de proyectos escolares. Sin embargo, estos mismos beneficios presentan otra cara como riesgos asociados a su uso no ético y a la posible codependencia a las herramientas tecnológicas, y el riesgo de ampliar la brecha tecnológica entre los países, y en nuestro caso entre los estados. Ejemplos Nuevo León y Oaxaca, el modelo del desarrollo estabilizador privilegio el Norte versus el Sur: los recursos, las inversiones físicas, etcétera.
La inteligencia artificial idealmente podría ayudar a reducir las desigualdades entre escuelas, docentes y estudiantes. La educación como un asunto de estado, que debe considerar el contexto social en el que se desarrolla.
En mi caso soy un producto de la educación pública, incluso me toco 68 en la Prepa 1.
En este orden de ideas, destacan las aportaciones de proyectos estratégicos propuestos por las EFS en el mundo. Por ejemplo, el Proyecto de Fiscalización a los recursos públicos destinados a la educación en los países de América Latina y el Caribe, presentado por la Contraloría General de Cuentas de Colombia en el cual integramos parte de la iniciativa.
Leamos otra vez a Makarenco.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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