La educación es la base del desarrollo, sin ella las posibilidades de salir del rezago social son muy pocas, es por ello que desde 2019 fue proclamado el Día Internacional de la Educación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el mundo existen alrededor de 258 millones de niños y jóvenes sin escolarizar, la desigualdad, la pobreza extrema, las pandemias, las guerras, entre otros aspectos, impiden que grandes sectores de la población infantil, tengan acceso a un sistema educativo formal.
La pandemia, provocó costos importantes en la educación de los niños y jóvenes en edad escolar. De acuerdo con información de CEPAL, la interrupción de la educación presencial duró en promedio 70 semanas en la región, siendo la más prolongada en el Mundo (41 semanas), en promedio, los países de América Latina 33 semanas de cierre completo y 37 de cierre parcial entre febrero de 2020 y marzo de 2022. En suma, el cierre fue más prolongado en América Latina 72 semanas) que en el Caribe (63 semanas).
En México el INEGI a través de la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación(ENAPE) 2021, reporta 60 millones de jóvenes y niños entre 0 y 29 año de los cuales, 33 millones se inscribieron en el ciclo escolar 2021 – 2022, más del 90% de esta población recibió educación en instituciones públicas.
Se presentaron otro problema derivado de las condiciones de pobreza de una parte relevante de la población, por ejemplo,poco más del 40% de las viviendas de estos jóvenes cuenta con equipos de cómputo además de que no todas cuentan con internet, lo que complica la educación a distancia, además de las grandes asimetrías derivadas de la pobreza extrema.
La reforma educativa ha sido quizá la tarea más complicada de todas las reformas, no sólo porque tiene que corregir los errores del Acuerdo para la Descentralización de la Educación Básica de 1992, cuando se desconcentró la nómina, sin corregir las asimetrías que existían entre los estados, por ejemplo sin ser nunca concurrente el gasto educativo, 16 entidades ya poseían un sistema de educación básica propio, financiado con recursos estatales y los otros no, algunos por razones diferentes como Oaxaca que no tenía ningún maestro estatal y la Ciudad de México, entonces Departamento del DF. la experiencia oaxaqueña fue en sus inicios. Por ejemplo, la experiencia oaxaqueña, tenía una gran cantidad de escuelas en precarias condiciones, que no contaban con agua corriente, ni energía eléctrica, con estructuras dañadas, y hoy, sin acceso al internet, ni a computadoras.
En esos tiempos un buen amigo, especialista en este tema, siempre buscaba un presupuesto por escuela, pero en los hechos, en el FAEB nunca existieron presupuestos por escuela, ya que, en los estados con mayor pobreza, los rurales, el escaso mantenimiento lo realizan los padres de familia, han pasado más de 30 años, de que se llevó a cabo la fallida desconcentración de los servicios educativos, lo que no sólo no fortaleció el federalismo fiscal, tampoco mejoró la calidad de la educación, es más, ni siquiera cumplió sus objetivos políticos, ya que el poder sindical se preservó y su influencia en los organismos estatales se mantuvo.
En suma, con la desconcentración de 1992, se multiplicaron los problemas, los vicios y la corrupción. El FAEB en sus 16 años de vida, arrastró islotes de opacidad. Los problemas empezaron con la homologación que las más de 20 secciones sindicales de los sistemas estatales, los cuales lograron la homologación salarial en los sistemas estatales de educación básica, así como con la llamada «doble negociación».
La creación del FONE en 2015, presentó avances, sin embargo, es aún perfectible la fórmula aplicada para la distribución de los recursos particularmente, los gastos de operación.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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