La instrumentalización de la perspectiva de género en los divorcios contenciosos no solo ha generado injusticias en la custodia de los hijos y la distribución de bienes, sino que ha fomentado una peligrosa industria de denuncias falsas, donde no existe una verdadera rendición de cuentas para quienes las presentan ni para los abogados que las promueven.
La falta de sanciones penales contra quienes fabrican acusaciones sin pruebas ha convertido a muchos hombres en víctimas de un sistema que los presume culpables desde el primer momento. Hoy, en Chihuahua y en todo México, miles de hombres enfrentan procesos penales, pérdida de empleo, daños irreparables a su reputación e incluso años de prisión, por denuncias que jamás fueron verificadas adecuadamente.
El vacío legal que protege a las denunciantes falsas
El Código Penal del Estado de Chihuahua establece el delito de falsedad ante la autoridad, sancionando con seis meses a tres años de prisión y multa a quien, con dolo, haga una declaración falsa ante la autoridad con el fin de inculpar a alguien de un delito. Sin embargo, esta norma rara vez se aplica en casos de denuncias falsas de violencia de género, abuso sexual o violencia familiar, porque el sistema judicial prefiere no desincentivar la denuncia y, en el proceso, deja impunes a quienes manipulan la ley para sus propios intereses.
Por otro lado, el mismo código establece penas para la simulación de delito, castigando a quienes induzcan a las autoridades a iniciar investigaciones por hechos inexistentes. No obstante, la aplicación de este artículo es prácticamente nula cuando se trata de acusaciones de mujeres contra hombres en un contexto de divorcio o disputa por la custodia de los hijos.
¿Por qué? Porque la perspectiva de género ha sido interpretada de manera sesgada para suponer que todas las mujeres dicen la verdad y todos los hombres mienten, cuando la realidad es que la ley debería ser imparcial y sancionar a quien haga mal uso del sistema de justicia, sin importar su género.
Los abogados que fabrican denuncias también deben ser castigados
No solo las denunciantes falsas deben enfrentar consecuencias, sino también los abogados que las asesoran y promueven estas prácticas con total impunidad. El Código Penal del Estado de Chihuahua, establece sanciones para los abogados que incurran en fraude procesal al inducir a error a los jueces o tribunales. Sin embargo, esto no se ha aplicado con firmeza en casos donde litigantes arman estrategias de divorcio basadas en denuncias falsas con el fin de obtener ventajas económicas y custodias absolutas.
Mientras tanto, los hombres acusados deben luchar en un sistema que ya los considera culpables desde el primer momento, quedando en prisión preventiva durante meses o años sin una verdadera oportunidad de defenderse, perdiendo su empleo, su patrimonio y, lo peor, el vínculo con sus hijos.
La solución: penalización efectiva y reparación del daño
Para frenar la proliferación de denuncias falsas, es necesario que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua aplique con rigor las leyes ya existentes y se promuevan reformas que castiguen con mayor severidad la falsedad de declaraciones en casos de violencia de género y divorcios contenciosos.
Se debe:
- Modificar el Código Penal para que la falsedad de declaraciones en casos de violencia familiar y de género tenga penas más severas, sin posibilidad de conmutación.
- Establecer consecuencias directas para abogados que promuevan estrategias basadas en denuncias falsas, incluyendo la suspensión de su cédula profesional.
- Implementar mecanismos efectivos de reparación del daño para hombres que hayan sido encarcelados injustamente, con efectos retroactivos, por denuncias fabricadas, obligando a las denunciantes falsas a resarcir económicamente el perjuicio causado.
- Promover la obligación de pruebas fehacientes antes de dictar medidas cautelares que priven al acusado de su libertad, en lugar de actuar con presunción automática de culpabilidad.
El sistema legal no puede seguir permitiendo que la perspectiva de género se use como un escudo de impunidad. La verdadera equidad no consiste en creer ciegamente en todas las denuncias, sino en investigarlas con objetividad y castigar a quienes abusan del sistema. Solo así se podrá evitar que más hombres inocentes terminen en prisión por el simple hecho de haber sido señalados sin pruebas.
La verdadera equidad inicia dejando de hablar en distinción de géneros y empecemos a hablar de personas.
Don Q. Chillito
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