El llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia llega en un momento crítico: tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido días antes (junto con otros episodios de violencia que han estremecido a la entidad) el gobierno federal anuncia una estrategia integral para Michoacán. Dentro de sus más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, el plan contempla 12 ejes estructurales (seguridad y justicia, desarrollo económico, educación y cultura para la paz, servicios públicos, innovación municipal, viviendas y bienestar social).
En materia de seguridad y justicia, el plan promete la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal, la creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión y el despliegue de más de 10 000 elementos federales en la región. Sin embargo, el componente más publicitado del programa no es el fortalecimiento institucional, sino el gasto social: se anuncian 37,450 millones de pesos para becas y programas del Bienestar destinados a 1.5 millones de michoacanos.
Esa cifra, presentada como un logro, revela una distorsión profunda. Los michoacanos no piden dádivas ni becas: piden seguridad. Con seguridad vienen las inversiones, los empleos y el bienestar genuino. Sin seguridad, cualquier programa social se convierte en paliativo político, en herramienta de control electoral o, peor aún, en otro canal para la corrupción. Un país que reparte dinero sin garantizar justicia termina comprando silencio, no construyendo paz.
Mientras tanto, los escándalos de corrupción se multiplican y parecen querer ser ocultados por los hechos en Michoacán: los contratos de Andy López Beltrán, el caso de la barredora ligado a Adán Augusto López Hernández, las adjudicaciones irregulares a militares y empresarios cercanos al poder, y los desvíos en programas sociales que desmienten el discurso moralista del gobierno. No hay paz posible donde la impunidad se premia y la complicidad se institucionaliza.
Por eso, la manifestación convocada para el 15 de noviembre debe entenderse como una continuación del reclamo ciudadano que nos tocó encabezar el 27 de junio de 2004, en la Marcha Blanca, cuando millones de mexicanos exigimos justicia y seguridad. Veintiún años después, el mensaje sigue vigente: la paz no se decreta ni se compra, se conquista con verdad, con justicia y con memoria. México, hoy, exige las tres.
Me parece que el Estado mexicano no acaba de entender que la seguridad es primero, llevamos años sufriendo de violencia en todo el país, llevamos exigiendo a los gobiernos que cumplan con su deber, ellos siguen creyendo que para conquistar la paz es necesario negociar con los delincuentes, en aras de tener un mal menor, sin darse cuenta entonces que el mal prevalece, que la inseguridad pública es lo que tiene a México sumergido en la pobreza, en todos sentidos.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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