Millones de pesos destinados cada año a reparar calles que vuelven a deteriorarse. Detrás del asfalto destruido se esconde una factura económica, social y política que pagan diariamente los juarenses. El problema no es solamente la falta de recursos, sino la ausencia de una estrategia capaz de transformar el gasto público en infraestructura duradera
Ciudad Juárez no solamente tiene un problema de baches. Tiene un problema de planeación, mantenimiento urbano y rendición de cuentas.
En una de las ciudades industriales más importantes de México, donde la competitividad depende de la movilidad de trabajadores, mercancías e inversiones, circular por determinadas avenidas se ha convertido en un ejercicio cotidiano de resistencia.
Los automovilistas esquivan hoyancos, los transportistas enfrentan mayores costos de operación y las familias absorben reparaciones mecánicas que no estaban contempladas en sus presupuestos.
Mientras tanto, las autoridades anuncian millones de pesos en programas de bacheo que, pese a su magnitud, no logran modificar de manera suficiente la percepción de deterioro urbano. La paradoja resulta evidente; una frontera que presume modernización económica continúa arrastrando infraestructura vial incapaz de responder a sus necesidades.
Las cifras permiten entender la dimensión del desafío.
Durante 2025, el Gobierno Municipal informó una inversión de aproximadamente 90 millones de pesos en bacheo, con alrededor de 27 mil hoyancos atendidos en más de 300 vialidades.
Para 2026, el presupuesto inicial de 80 millones fue objeto de una ampliación anunciada que elevaría los recursos previstos a 140 millones.
En conjunto, son 230 millones de pesos presupuestados o anunciados durante dos años, sin que ello signifique que la totalidad haya sido ejercida.
Sin embargo, el propio director municipal de Obras Públicas, Daniel González García, había reconocido que conservar las calles en condiciones adecuadas requeriría al menos 250 millones de pesos anuales.
La distancia entre necesidades y recursos muestra una parte del problema; la otra, igualmente importante, consiste en determinar cuánto de ese dinero se traduce en soluciones permanentes y cuánto termina destinado a intervenir repetidamente superficies cuya estructura ya no admite reparaciones menores.
El deterioro no se distribuye de manera uniforme.
La carretera Juárez-Porvenir, el bulevar Manuel Talamás Camandari, la avenida Tecnológico, el bulevar Independencia, Santiago Troncoso, Zaragoza y Manuel J. Clouthier forman parte de los corredores donde se han reportado daños o realizado intervenciones.
Son vialidades fundamentales para conectar zonas habitacionales, parques industriales, centros comerciales y servicios públicos.
Su deterioro afecta una cadena económica mucho más amplia que la circulación de vehículos particulares.
Una calle en malas condiciones incrementa los tiempos de traslado, acelera el desgaste de las unidades y puede alterar las rutas de distribución.
En una ciudad vinculada estrechamente a las cadenas productivas internacionales, la infraestructura vial no es un asunto ornamental; constituye parte de su capacidad para producir, trabajar y competir.
Pero existe una dimensión del problema que rara vez aparece en los informes gubernamentales; la economía doméstica.
Para una familia que depende de un automóvil usado, sustituir una llanta, reparar una suspensión o cambiar un amortiguador puede representar un desequilibrio financiero importante.
Para un conductor de plataforma, un taxista o un repartidor, el daño mecánico significa además perder ingresos mientras el vehículo permanece detenido. Para una madre que traslada diariamente a sus hijos a la escuela o un trabajador que recorre grandes distancias hacia la maquiladora, el deterioro vial representa un costo acumulativo de tiempo, combustible e incertidumbre.
No existe una estimación oficial consolidada que cuantifique cuánto pierden anualmente los hogares juarenses por los baches.
Esa ausencia estadística, lejos de disminuir la gravedad del fenómeno, revela cuánto falta por medir para comprender sus verdaderas consecuencias.
La desigualdad territorial profundiza el problema.
En sectores como el suroriente, Riberas del Bravo, Anapra y Los Kilómetros, las deficiencias de movilidad conviven con rezagos de pavimentación, alumbrado, drenaje y equipamiento público. Allí, el deterioro de las calles no constituye una molestia aislada, sino una expresión adicional de las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a servicios y oportunidades.
La inversión pública tendría que responder no solamente al volumen de tránsito, sino también a las condiciones sociales de los habitantes.
Una vialidad deteriorada en una zona periférica puede significar mayores dificultades para el transporte colectivo, retrasos en la atención de emergencias y aislamiento de comunidades que ya enfrentan desventajas estructurales.
Las lluvias, frecuentemente utilizadas como explicación del surgimiento de nuevos baches, son apenas una parte de una problemática más compleja.
La combinación de pavimentos envejecidos, tránsito pesado, fugas de agua, deficiencias de drenaje y mantenimiento insuficiente acelera el deterioro de la superficie de rodamiento. Cuando la estructura de una calle ha perdido su capacidad de resistencia, colocar una nueva capa de asfalto puede resolver temporalmente el desperfecto visible sin corregir sus causas.
La pregunta técnica es inevitable; ¿cuántas calles necesitan bacheo y cuántas requieren una reconstrucción integral?
Sin diagnósticos públicos de la condición estructural del pavimento, historial de intervenciones y garantías de durabilidad, resulta difícil evaluar si las decisiones presupuestales están respondiendo a criterios técnicos o a la urgencia de atender daños visibles.
También existe un problema de transparencia que merece atención.
Informar cuántos baches fueron tapados no equivale a demostrar que el dinero se utilizó con eficiencia.
Para evaluar resultados es indispensable conocer los costos por metro cuadrado, los materiales empleados, los procedimientos de contratación, la calidad de las reparaciones y, sobre todo, su duración.
La información verdaderamente relevante no consiste solamente en saber cuántos hoyancos desaparecieron durante un operativo, sino cuántos volvieron a aparecer seis meses o un año después.
Tampoco puede afirmarse, sin auditorías y documentación contractual, que exista desvío o desperdicio de recursos.
Lo que sí puede sostenerse es que los indicadores de actividad resultan insuficientes para demostrar el valor público de una inversión.
La imagen de Ciudad Juárez también está en juego.
Una ciudad que busca atraer inversiones, fortalecer su vocación exportadora y ofrecer mejores condiciones de vida necesita algo más que grandes proyectos de infraestructura; requiere calles funcionales, seguras y mantenidas de manera sistemática.
El deterioro urbano comunica tanto como los edificios nuevos o los anuncios de inversión.
Las vialidades son una de las primeras experiencias que tienen residentes, visitantes, proveedores y potenciales inversionistas con el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
Cuando una avenida principal presenta daños recurrentes, la percepción sobre la capacidad de gestión urbana se resiente, aunque esa percepción no pueda traducirse automáticamente en una cifra de inversiones perdidas.
El debate político, por tanto, debería abandonar la disputa superficial sobre quién tapa más baches y concentrarse en la sostenibilidad del sistema vial. Ciudad Juárez necesita un inventario actualizado de sus calles, una clasificación de daños, presupuestos plurianuales, mantenimiento preventivo, coordinación efectiva entre dependencias y mecanismos de evaluación independientes.
También necesita distinguir claramente las inversiones en reparación superficial de las destinadas a rehabilitación profunda y pavimentación nueva. Son intervenciones diferentes, con costos y resultados distintos. Sumarlas indiscriminadamente en anuncios de obra pública puede producir cifras espectaculares, pero dificulta conocer cuánto se está avanzando realmente en la recuperación de la infraestructura existente.
El costo de no resolver el problema trasciende cualquier administración.
Las calles deterioradas afectan la productividad, reducen la calidad de vida, agravan desigualdades y trasladan a los ciudadanos una parte de los costos que debería evitar una política adecuada de conservación urbana.
Cada peso destinado a reparar repetidamente un mismo tramo es un peso cuya eficiencia merece ser examinada.
Cada vehículo dañado representa una pérdida patrimonial para alguien.
Y cada año sin una estrategia de largo plazo aumenta el riesgo de que las próximas administraciones reciban una red vial todavía más costosa de rehabilitar.
Ciudad Juárez no necesita únicamente más presupuesto para tapar baches.
Necesita demostrar que cada peso invertido prolonga efectivamente la vida de sus calles.
El verdadero indicador de éxito no debería ser el número de hoyancos reparados ni la cantidad de toneladas de asfalto utilizadas, sino la reducción sostenida del deterioro, de los accidentes asociados a las condiciones de las vialidades y de los costos que soportan las familias.
Una administración puede anunciar miles de reparaciones y, al mismo tiempo, seguir enfrentando una crisis de mantenimiento si las calles vuelven a fallar.
Al final, los baches son mucho más que agujeros en el pavimento.
Son una manifestación visible de decisiones presupuestales acumuladas, prioridades institucionales y deficiencias de infraestructura que comprometen el futuro de la ciudad.
Mientras los gobiernos contabilizan millones invertidos, los juarenses siguen contando llantas destruidas, horas perdidas y calles que parecen no terminar nunca de repararse.
La gran pregunta no es cuántos millones más se necesitan para tapar los baches de Ciudad Juárez, sino cuántos años y cuánto dinero seguirá costando no resolver sus causas.

Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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