En México hemos llegado a un extremo verdaderamente indignante: los delincuentes no solamente matan, secuestran y trafican drogas.
Ahora también deciden quién puede trabajar, cuánto debe pagar para hacerlo y qué mercancías pueden circular por nuestras carreteras. En demasiadas regiones, las organizaciones criminales han impuesto sus propias reglas ante autoridades que no han podido, o no han querido, hacerlas respetar.
Y lo más grave es que todos terminamos pagando las consecuencias. Cada vez que compramos alimentos podemos estar absorbiendo, mediante precios más altos, parte del costo que la delincuencia impone a productores, transportistas y comerciantes. Es inadmisible que trabajar honestamente se haya convertido, para tantos mexicanos, en una actividad que requiere el permiso de los criminales.
Esta semana conocimos una denuncia particularmente preocupante. Miguel Ángel Farías Fernández, presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, señaló que aproximadamente 41 de las 69 centrales que representa padecen extorsión y cobro de piso. Habló de comerciantes obligados a entregar por lo menos cinco mil pesos semanales y de mercancías retenidas ilegalmente en las carreteras.
Son denuncias empresariales que deben investigarse, pero que revelan un problema mucho más profundo: la pérdida de autoridad del Estado en determinadas actividades económicas y territorios. La delincuencia ha encontrado en el miedo una fuente permanente de ingresos y en la impunidad, su mejor aliada.
No podemos acostumbrarnos a esta realidad ni aceptarla como parte inevitable de la vida nacional. Mucho menos permitir que quienes generan empleos, producen alimentos y mantienen funcionando nuestra economía tengan que desarrollar sus actividades bajo amenazas.
Sin embargo, también debemos reconocer los esfuerzos encaminados a corregir esta situación. Tengo confianza en que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, pueden contribuir de manera importante a enfrentar este fenómeno. La coordinación entre ambas instituciones (particularmente en inteligencia, investigación y presencia territorial) resulta indispensable para recuperar espacios que el Estado nunca debió perder.
Conozco las dificultades de la seguridad pública y sé que no existen soluciones mágicas. Tampoco podemos exigir que problemas acumulados durante décadas desaparezcan de inmediato. Pero sí podemos exigir continuidad, coordinación y resultados que se reflejen en la vida cotidiana de las personas.
Porque no basta con detener delincuentes ni presumir decomisos si las condiciones de seguridad no mejoran para quienes diariamente salen a trabajar. El verdadero éxito de una estrategia debe medirse por la tranquilidad que recuperan las familias, la libertad con que operan los negocios y la confianza que vuelve a existir en las instituciones.
Hay, además, otra parte del problema que seguimos postergando: nuestras instituciones de procuración y administración de justicia.
Necesitamos ministerios públicos mejor preparados y, fundamentalmente, honestos; policías de investigación suficientes, jueces, juzgados y mecanismos eficaces de protección para quienes denuncian. De poco sirve pedir colaboración ciudadana cuando no podemos garantizar la seguridad de quienes se atreven a señalar a los responsables.
La responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente en la Federación. Gobernadores, presidentes municipales y fiscalías estatales tienen obligaciones que no desaparecen cada vez que solicitan la intervención del Ejército o de las fuerzas federales.
La seguridad pública no se resuelve únicamente mediante operativos. Se construye con instituciones que funcionen, autoridades que respondan y ciudadanos que recuperen la confianza en la ley.
Por eso considero importante mantener la confianza en el trabajo de García Harfuch y Trevilla Trejo, sin renunciar a la crítica ni a la exigencia de resultados. Su labor puede ser fundamental para fortalecer la capacidad del Estado y devolverle al país la gobernabilidad que necesita.
Porque lo que está en juego va mucho más allá de las estadísticas delictivas. Está en juego nuestra libertad para producir, comerciar, circular por las carreteras y vivir sin miedo.
Un Estado que no puede garantizar esos derechos está renunciando, en los hechos, a una parte de su soberanía. Y eso, sencillamente, es inaceptable.

Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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