En los últimos años, un fenómeno peculiar ha comenzado a multiplicarse en diversas regiones del país: las llamadas “cirugítandas”. Se trata de grupos, organizados generalmente a través de redes sociales, que ofrecen procedimientos estéticos a crédito o mediante esquemas de pago colectivo, semejantes a las tradicionales tandas de ahorro. La dinámica es aparentemente atractiva: cada participante aporta una cuota y, en determinado turno, recibe su “beneficio”, que en este caso no es un electrodoméstico ni un sobre con dinero, sino una cirugía estética.
Aunque la creatividad de estos mecanismos refleja la creciente demanda de procedimientos cosméticos y la dificultad de costearlos de contado, la realidad es que la salud de muchas personas se está poniendo en grave riesgo. El principal problema no es únicamente el endeudamiento o la falta de regulación financiera, sino el desconocimiento sobre quién realiza las operaciones y en qué condiciones.
En los anuncios de estas cirugítandas rara vez se menciona el nombre completo del médico, su número de cédula profesional o las certificaciones que avalen su especialidad. El argumento suele ser la “confidencialidad” o la “rapidez”, pero en realidad se trata de un mecanismo que deja al paciente en total indefensión. Confiar el propio cuerpo —y la propia vida— a un profesional del que no se tiene ninguna certeza, equivale a una ruleta rusa quirúrgica.
El riesgo se amplía si consideramos las instalaciones donde se realizan los procedimientos. Muchos de estos supuestos “consultorios” son casas adaptadas o clínicas improvisadas que no cuentan con licencia sanitaria, equipo de reanimación ni personal capacitado para responder ante una emergencia. Una liposucción, un aumento de busto o incluso una intervención menor pueden convertirse en tragedia si no existen las condiciones mínimas de seguridad. Los casos de infecciones severas, hemorragias no controladas y hasta fallecimientos asociados a estas prácticas clandestinas no son aislados; cada vez aparecen más testimonios en medios locales y nacionales.
En este contexto, Chihuahua se ha convertido en uno de los estados donde más proliferan las cirugítandas. En ciudades como Juárez y la capital estatal abundan los grupos de Facebook y WhatsApp que ofrecen “planes accesibles” para todo tipo de cirugías estéticas. La cercanía con la frontera agrava el fenómeno: la competencia con clínicas de bajo costo en Texas o Nuevo México empuja a muchos a buscar alternativas aún más baratas dentro del estado, sin reparar en los riesgos.
¿Por qué tiene tanto éxito este modelo? Hay al menos tres razones. Primero, la presión social y cultural sobre la apariencia física: en una época dominada por la imagen, el cuerpo se convierte en tarjeta de presentación y capital simbólico. Segundo, la desigualdad económica: muchas personas desean acceder a procedimientos estéticos, pero no cuentan con recursos para pagarlos en clínicas reconocidas. Y tercero, la confianza en el esquema de tanda, profundamente arraigado en la cultura popular mexicana, lo cual genera una sensación de respaldo comunitario que, en este caso, es ilusoria.
El problema es que el Estado ha sido lento en responder. Aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido advertencias, la fiscalización de estos grupos es mínima y las sanciones resultan insuficientes. En Chihuahua, las autoridades locales saben que el fenómeno existe, pero carecen de una estrategia integral que combine inspección, sanción y campañas de concientización.
Frente a ello, es urgente subrayar que una cirugía estética no es un lujo trivial, sino un procedimiento médico con riesgos reales que debe estar en manos de especialistas certificados, en hospitales con infraestructura adecuada. La democratización del acceso a la belleza no puede construirse sobre la base de la informalidad y la negligencia, porque el costo lo pagan vidas humanas.
Las cirugítandas no son una solución ingeniosa a la falta de recursos, sino un síntoma de la precarización de la salud y del vacío regulatorio. La sociedad debe entender que lo barato puede salir carísimo, y que no hay tanda que compense la pérdida de la salud o la vida. El reto para Chihuahua y para todo México es claro: frenar esta peligrosa práctica a traves de la legislación antes de que se normalice como una opción válida.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
