En política hay decisiones que desenmascaran más que cualquier discurso. Lo ocurrido en el Congreso del Estado de Chihuahua con la iniciativa para impedir la infiltración del crimen organizado en las elecciones es una de ellas.
Paradójicamente, fueron los propios diputados del PAN quienes presentaron la propuesta, pero todo indica que nunca tuvieron la intención de aprobarla. La estrategia fue tan burda como evidente: construir el escenario para que una diputada del PT votara en contra y, posteriormente, intentar responsabilizar a Morena del fracaso de la iniciativa. Un montaje político diseñado para obtener un beneficio mediático, no para fortalecer la democracia.
La pregunta es inevitable: ¿quién pierde realmente si las elecciones se blindan contra el dinero y la influencia del crimen organizado?
La historia reciente de Chihuahua ofrece una respuesta incómoda.
El caso más emblemático es el de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada después de publicar investigaciones sobre presuntos vínculos entre grupos criminales y candidaturas locales. Las investigaciones y resoluciones judiciales derivadas del caso establecieron la participación del entonces vocero estatal del PAN, Hugo Amed Schultz Alcaraz, y del entonces alcalde panista de Chínipas, Juan Antonia Acosta Hernández, en la filtración de información que permitió identificar la autoría del reportaje que terminó costándole la vida. Ese hecho quedó documentado en el proceso penal correspondiente.
El reportaje que incomodó a quienes hoy hablan de “blindar” las elecciones denunciaba precisamente la presunta imposición y financiamiento de candidaturas del PAN y del PRI por grupos del crimen organizado en distintos municipios de Chihuahua.
La investigación periodística no se limitaba a un solo municipio, sino a un patrón regional en la sierra de Chihuahua, mencionaba a municipios como Chínipas (caso principal), Guazapares, Urique y Morelos, entre otros.
La reportera describía la influencia del narco en candidaturas de los partidos PAN y PRI, y el control territorial por parte de las células criminales.
Según la reconstrucción del reportaje, los grupos criminales definían candidatos, principalmente en zonas serranas; PRI y PAN aceptaban o ajustaban las candidaturas bajo presión o negociación; se desplazaba a aspirantes incómodos mediante amenazas y se aseguraba el control político local para protección de operaciones ilícitas.
Después del asesinato de Miroslava, esos partidos conservaron posiciones políticas relevantes en las regiones señaladas.
No se trata de especulaciones. Se trata de un episodio ampliamente documentado por las autoridades y por el periodismo mexicano, que dejó al descubierto los enormes riesgos que representa permitir que intereses criminales intervengan en la vida democrática.
Por eso resulta difícil creer en la buena fe de quienes impulsan iniciativas para combatir un problema del que históricamente han sido señalados como beneficiarios en diversos casos. Si realmente existiera voluntad para cerrar el paso al crimen organizado, habrían construido consensos para aprobar la reforma y no mecanismos para sabotearla.
Blindar las elecciones no puede convertirse en un eslogan de campaña. Debe traducirse en reglas eficaces para impedir que recursos ilícitos financien candidaturas, que organizaciones criminales impongan aspirantes y que la violencia sustituya la voluntad ciudadana.
Quien se opone a mecanismos efectivos de control o simula promoverlos para después impedir su aprobación termina enviando un mensaje preocupante: que el problema no es la infiltración del crimen organizado, sino perder las ventajas que esa infiltración ha representado para algunos grupos políticos.
La democracia se defiende con instituciones fuertes, transparencia y elecciones limpias. Todo lo demás es simulación. Y cuando la simulación proviene de quienes dicen combatir aquello que en los hechos se niegan a erradicar, los ciudadanos tienen derecho a preguntarse de qué lado están realmente. Para el que esto escribe la respuesta es muy clara.
Pedro Torres
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