Recientemente la CEPAL, esto es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió una serie de informes anuales, entre los que destaca el Informe Panorama Social 2022.
Menciona que 201 millones de personas en América Latina, aproximadamente un treinta por ciento de la población, vive en condiciones de pobreza y de ellas, alrededor de 82 millones están en pobreza extrema.
Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se concentró aún más el ingreso en un número cada vez más reducido de la población mundial, regional y local, esto es aumento la desigualdad de ingresos, se incrementó sobre todo la pobreza extrema. En 2021, como señala CEPAL, no logró revertir los efectos negativos de la pandemia, una muestra de ello es el fenómeno de la migración no solo en nuestros Continente, sino en otras partes del Mundo. La concentración del ingreso en las grandes empresas transnacionales. Para la CEPAL, significa un retroceso de casi un cuarto de siglo en Latinoamérica y el Caribe, por supuesto varía entre países. Por otra parte, a nivel mundial, la ONU calcula que entre 119 y 124 millones de personas regresaron a condiciones de pobreza extrema y al hambre crónica.
Lo anterior significa que más del 45% de la población des y las niñas de la región, crece, dice el Informe, en condiciones de pobreza, en tanto que las mujeres entre 20 y 59 años, la padecen más que los hombres.
Estas cifras apuntan, además, un desafío adicional para el cumplimiento del Objetivo 1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es “poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”. La lucha contra la pobreza va de la mano con la reducción de la desigualdad (ODS 10), la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas (ODS 5), la reducción de la desigualdad (ODS 10) y la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16).
En este escenario, 15 Entidades de Fiscalización Superior miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) participan en la Auditoría Coordinada: Políticas implementadas para cumplir el ODS 1, mitigar el impacto del COVID-19 y disminuir brechas de género. El objetivo de esta auditoría, actualmente en ejecución y liderada por la EFS de Ecuador, es evaluar la eficacia y la eficiencia en la preparación de los gobiernos en la planificación, ejecución y/o implementación, supervisión, control, cierre y rendición de cuentas, respecto de los programas de ayuda socioeconómica en la pandemia de COVID-19, con perspectiva de género.
Los resultados de esta auditoría coordinada permitirán identificar si los gobiernos están preparados para responder a emergencias sanitarias, si definieron e implementaron procedimientos para el desarrollo de la planificación de los programas de ayuda socioeconómica ante la pandemia de COVID-19. Esto permitirá hacer recomendaciones para mejorar la gestión gubernamental de este tipo de crisis, considerando su impacto en los sectores más vulnerables, especialmente en las mujeres y los niños. Así como garantizar la eficacia y eficiencia de los programas de ayuda dirigidos a la población más vulnerable, lo que contribuirá a reducir la desigualdad.
Lo anterior junto con procesos de fiscalización superior, con lo que las auditorias coordinadas, con mejor uso del gasto público y políticas basadas en el uso correcto del presupuesto y políticas de ingresos, que recauden correctamente, basadas en impuestos directos y no basados en el consumo, los cuales son regresivos y afectan a los sectores de menores ingresos.
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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