Esta semana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En los últimos años, diversas organizaciones sociales alrededor del mundo han hecho presente la necesidad de contemplar como prioritario incluir en las agendas de los gobiernos, en las leyes, en las políticas públicas, el acceso a servicios esenciales y estrategias para la prevención, atención y sanción de las diversas expresiones de violencia que afectan a las mujeres y las niñas.
A pesar de lo anterior, las cifras de la violencia de género aún son preocupantes. La ONU estima que 736 millones de mujeres, es decir 1 de cada 3, han experimentado, al menos una vez en su vida, algún episodio de violencia. Incluso que cada 11 minutos muere una mujer o una niña en manos de personas cercanas a ellas. En México, las estadísticas tampoco son alentadoras: el INEGI calcula que de los 50.5 millones de mujeres mexicanas de 15 años o más, el 70.1% ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida y el 42.8% la ha sufrido durante los últimos 12 meses (ENDIREH, 2021). Claro además de lo que sucede en otros ámbitos como en algunos países como Irán o Afganistán.
Consciente del desafío que implica la violencia en general, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), a través del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación (GTG), ha impulsado diversas acciones para promover la fiscalización de las políticas públicas vinculadas con las distintas expresiones de la violencia de género -como la Auditoría Coordinada: “la respuesta estatal en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, y otras para para fomentar la igualdad y la no discriminación al interior de las propias entidades de Fiscalización Superior. Entre estas, destacan la Política sobre Igualdad de Género y no Discriminación, aprobada en la XXX Asamblea General de la OLACEFS, celebrada el año pasado, y la Guía Participativa sobre el uso del lenguaje neutral de la OLACEFS, lanzada el día de hoy, y que surge de las recomendaciones de la Política de Igualdad y No Discriminación. Lo anterior ratificado en la Asamblea realizada este año en Oaxaca.
La Guía Participativa sobre el Uso del Lenguaje Neutral de la OLACEFS, reconoce la importancia del lenguaje, el cual nos permite transmitir nuestras ideas, conocimientos y valores. A través de él, nos educamos y construimos nuestra realidad. Desafortunadamente, el lenguaje también puede ser un vehículo de violencia y discriminación contra las mujeres, la población indígena y otras personas con situación de vulnerabilidad. En este sentido, la Guía busca sensibilizar al personal de las EFS miembros de OLACEFS sobre la importancia del uso del lenguaje neutro e inclusivo, reconocer los prejuicios y estereotipos e impulsar el uso consciente del lenguaje para prevenir la violencia de género y consolidar los avances en materia de igualdad y no discriminación, brindando a los auditores y auditoras una metodología sencilla para incorporar el uso del lenguaje neutro e inclusivo en sus labores cotidianas y ejemplos para facilitar su utilización.
Lo anterior cooperará en la construcción de un mejor futuro para todas las personas, ya que la violencia de género es un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo sostenible y la paz, sin dejar a nadie atrás, tal como lo reconoce el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible (ODS 5).
En un país federal como el nuestro, con tres órdenes de gobierno, es necesaria la coordinación intergubernamental para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, por supuesto cualquier otro tipo de violencia, en un marco de principios de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. Entre todos los ciudadanos.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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