Día con día crece el movimiento ciudadano para ampararse en contra del denominado replaqueo, es decir, la intención del Gobierno del Estado de vender placas nuevas incluso a quienes ya cuentan con esas láminas identificatorias en sus vehículos.
Se ha dicho constantemente que se trata de algo injusto y lo es, porque no hay necesidad de que los propietarios de un vehículo automotriz registrado en Chihuahua, que ya cuentan con placas expedidas de manera oficial por la Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado, deban cambiarlas por unas nuevas.
Pero además de innecesario, el cambio de las láminas es demasiado oneroso, porque incrementa el costo de revalidación en aproximadamente 25 por ciento respecto del año anterior.
Es también violatorio de la ley porque el derecho, como una prestación que da el gobierno, debe tener una correlación directa con el costo del servicio o artículo que el contribuyente va a recibir por parte de la autoridad, es decir, que lo que le cueste al gobierno es lo que se debe cobrar a los ciudadanos.
Una investigación entre proveedores nacionales indica que el costo de un juego de dos placas varía entre los 100 y los 150 pesos. No obstante, Gobierno del Estado comenzó a cobrar las placas a 644 pesos a partir del primero de febrero, es decir entre cinco y seis veces más alto que su costo real, lo cual deja en claro el afán recaudatorio de esta medida.
Eso no es todo. Los ciudadanos están pagando las placas, pero no las están recibiendo. De acuerdo con información oficial, ni siquiera se ha licitado la compra de las láminas, así que estamos pagando por algo que no existe. Habrá que esperar que liciten la adquisición porque si nos atenemos a los antecedentes, son capaces de contratar vía adjudicación directa la compra de éstas.
Constantemente la gobernadora María Eugenia Campos Galván y los diputados de su partido, así como priistas y del “movimiento naranja” se refieren a la crisis económica que se padece en el estado, agravada como consecuencia de la pandemia de Covid 19, pero en lugar de apoyar a los ciudadanos para enfrentar esta situación, le cargan la mano con el cobro de nuevos derechos y aumentos en los que ya existían.
La titular del Ejecutivo propuso el replaqueo y los legisladores del bloque afín a la administración maruísta lo aprobaron sin importarles el perjuicio a la economía de las familias chihuahuenses.
Las autoridades estatales adujeron en un principio que se requería replaquear todo el parque vehicular en el estado para reforzar la seguridad. Es un hecho que los vehículos deben estar identificados para evitar que sean utilizados en la comisión de delitos o evitar que en casos de accidentes automotrices no se pueda identificar a un responsable ante la ley.
El proceso de regularización de vehículos ingresados de manera ilegal al país permitirá que, una vez cumplidos los requisitos, se dote a los autos de placas y documentos de identificación oficiales, como ocurre cuando se adquiere un vehículo nuevo. Pero no es necesario dotar de placas nuevas a los que ya cuentan con ellas, debido a que existe un registro de los vehículos ya plaqueados.
Por eso los ciudadanos están acudiendo a la vía del amparo en contra de esa injusta medida y afortunadamente es muy alta la probabilidad de que sean otorgados porque, además, el gobierno estatal no cumple con algo muy básico, que es la renta mínima vital, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos tengan un ingreso mínimo que les permita sobrevivir, sobre todo en el actual contexto de la pandemia.
El gobierno de Chihuahua está haciendo lo contrario de gobiernos de otros estados, que apoyan a sus ciudadanos siendo menos agresivos recaudatoriamente por el problema del COVID. Aquí, ya no pedimos que nos den, eso sería un exceso, pero cuando menos que no nos quiten por algo que definitivamente es innecesario.
Afortunadamente los ciudadanos están conscientes de la injusticia que representa el replaqueo. Al momento de escribir este artículo, se habían presentado ante la autoridad federal 52 amparos tan solo en la ciudad de Chihuahua, pero ciudadanos de Jiménez, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Ciudad Juárez, Ojinaga, Madera, Parral, entre otros, han solicitado la protección de la autoridad federal ante el abuso y el afán recaudatorio del gobierno estatal.
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