LA INFORMACIÓN ES PODER, PERO CUANDO EL PODER TIENE TODA LA INFORMACIÓN ES PREOCUPACIÓN.
La transformación digital del Gobierno promete simplificar trámites, reducir costos y mejorar los servicios públicos. Sin embargo, la concentración de facultades tecnológicas y la interconexión de información personal, patrimonial, fiscal y comercial nos hace reflexionar sobre la seguridad de los datos y los límites del poder del Estado.
La tecnología ha transformado nuestra vida cotidiana. Hoy podemos realizar operaciones bancarias, comprar productos, consultar información y resolver trámites desde un teléfono. Sería absurdo negar sus beneficios o pretender que el Gobierno continúe funcionando con expedientes de papel, oficinas desconectadas y procedimientos que nos obligan a entregar repetidamente documentos que el propio Estado ya tiene.
Digitalizar la administración pública puede reducir costos, combatir la corrupción, mejorar la recaudación, facilitar inversiones y acercar servicios a millones de personas. El problema no es la tecnología, sino la concentración de la información, el control, qué puede obtener y cuáles son los límites para utilizarla.
En México, buena parte de esa transformación está quedando bajo la responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, creada mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada el 28 de noviembre de 2024.
Lo primero que llama la atención es su denominación. Aunque se presenta como una agencia, jurídicamente es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con una posición equivalente a la de las Secretarías de Estado. No es una simple oficina técnica subordinada a otra secretaría. Tiene facultades para emitir disposiciones, establecer políticas, coordinar instituciones y participar en decisiones tecnológicas de prácticamente todo el Gobierno Federal.
El artículo 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le atribuye la conducción de políticas de gobierno digital, inclusión tecnológica, informática, telecomunicaciones, identidad digital, interoperabilidad, ciberseguridad y soberanía tecnológica. También puede desarrollar programas informáticos gubernamentales, establecer criterios para su contratación, emitir dictámenes técnicos sobre adquisiciones y otorgar su conformidad antes del nombramiento de los responsables de tecnología de las dependencias federales. Esto significa que no solamente desarrolla sistemas. También interviene en las reglas para adquirirlos y en la designación de quienes deben administrarlos.
Sus facultades aumentaron con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en julio de 2025, que la convirtió en Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización. Puede establecer lineamientos obligatorios en las materias previstas por esa legislación, requerir información a instituciones de los tres órdenes de gobierno, supervisar procesos de digitalización y evaluar su cumplimiento.
Además, asumió funciones anteriormente relacionadas con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, puede dictaminar análisis de impacto regulatorio y supervisar agendas de simplificación administrativa. Administra o coordina herramientas como el Portal Ciudadano Único, el Expediente Digital Ciudadano, el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias y plataformas destinadas a inversiones, establecimientos mercantiles y trámites relacionados con agua, actividades agrarias y otros servicios. También puede establecer criterios para compartir programas informáticos desarrollados con recursos públicos y promover su reutilización entre instituciones.
En materia de identidad, participa en el desarrollo de la CURP digital y administra Llave MX, utilizada para identificar personas y facilitar su acceso a servicios gubernamentales. La Agencia informó haber superado los 28 millones de cuentas registradas, una cifra que permite dimensionar la importancia que está adquiriendo esta infraestructura. Aunque el Registro Nacional de Población continúa bajo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, la Agencia tiene atribuciones relevantes sobre autenticación, identidad digital y mecanismos para que diferentes sistemas gubernamentales intercambien información.
Aquí surge una de mis principales preocupaciones. No es necesario reunir todas las bases de datos en los servidores de una misma dependencia para disponer de una enorme capacidad de consulta. La interoperabilidad permite que distintas instituciones conserven sus registros y compartan información mediante conexiones tecnológicas.
El beneficio es evidente. Podemos identificarnos y realizar numerosos trámites sin presentar repetidamente los mismos documentos. La Agencia concentra numerosas atribuciones relacionadas con información sensible, desde los registros de identidad, información fiscal, patrimonio inmobiliario, actividades empresariales, trámites administrativos hasta determinados datos sanitarios. Si los accesos no están suficientemente controlados, también podría facilitarse la consulta y relación de información personal que anteriormente permanecía descentralizada. Cada institución tiene sus propias competencias, pero la posibilidad de relacionar información de diversas fuentes obliga a preguntarnos quién puede consultarla, bajo qué autorización y para qué finalidad.
El patrimonio inmobiliario merece especial atención. La iniciativa de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2026 y remitida al Senado, contempla avanzar hacia plataformas nacionales, la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral. De aprobarse en los términos presentados, la Agencia participaría junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la definición de mecanismos tecnológicos y lineamientos para integrar información territorial y registral. También se facilitarían consultas, trámites y pagos relacionados con el predial. Esto no significa que el impuesto se vuelva federal, pues su competencia continúa siendo municipal, pero sí representa un avance hacia una mayor integración y concentración de información sobre los inmuebles del país.
En comercio exterior, el decreto publicado el 4 de mayo de 2026 le atribuyó la administración y operación tecnológica de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior y del Expediente Único correspondiente, y la transferencia de la administración tecnológica de la Ventanilla Única del SAT a la Agencia. A esto se suman disposiciones fiscales y aduaneras que permiten su participación mediante convenios en gestión tecnológica y análisis de datos. No sustituye al SAT ni a las autoridades aduaneras, pero sus capacidades informáticas pueden utilizarse para apoyar esas funciones.
La Agencia también conduce políticas de telecomunicaciones, conectividad, cobertura social, servicios satelitales, así como determinadas funciones relacionadas con correos y telégrafos. Participa en la planeación del espectro radioeléctrico y puede establecer criterios para facilitar infraestructura de telecomunicaciones. La regulación de concesiones, interconexión y numerosas sanciones corresponde a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano adscrito a la Agencia con independencia técnica, operativa y de gestión. La legislación también contempla que, ante situaciones extraordinarias legalmente previstas, el Ejecutivo Federal pueda realizar, a través de la Agencia, la requisa de vías generales de comunicación en las circunstancias legalmente previstas.
En seguridad pública, su titular participa en el Consejo Nacional de Inteligencia con voz y voto, y la institución puede colaborar en el desarrollo de plataformas para integrar y analizar información. Asimismo, interviene en políticas de datos abiertos, sistemas de atención ciudadana, herramientas de inteligencia artificial, proyectos de digitalización sanitaria y mecanismos tecnológicos utilizados por otras dependencias.
No podemos afirmar que la Agencia tenga acceso absoluto a todos esos registros. La legislación mantiene responsabilidades distribuidas entre distintas autoridades. Lo preocupante es la acumulación de capacidades tecnológicas que, utilizadas conjuntamente y sin controles adecuados, podrían permitir conocer y relacionar numerosos aspectos de la vida de las personas.
Por otro lado, ¿tiene la Agencia infraestructura suficiente para cumplir todas estas obligaciones y proteger la información?
La Agencia dispone de sistemas operativos, personal especializado y programas de ciberseguridad. También participa en proyectos como NubeMX, centros de datos y la supercomputadora Coatlicue, anunciada con una inversión estimada de seis mil millones de pesos. Sin embargo, parte de esa infraestructura continúa en desarrollo. Su propia programación contempla ampliar capacidades de vigilancia, prevención y respuesta ante ataques informáticos durante los próximos años.
Sin embargo, no hay evidencia pública suficiente de una auditoría integral e independiente que permita asegurar que todos sus sistemas cuentan con infraestructura, personal, presupuesto y mecanismos de seguridad adecuados. Eso no demuestra que sean inseguros, pero tampoco permite afirmar que estén debidamente protegidos. Y el riesgo no se limita a los delincuentes informáticos. Un funcionario con permisos excesivos podría consultar información sin justificación, aunque ningún tercero haya vulnerado los sistemas. La seguridad informática y la protección contra el uso indebido de datos por las propias autoridades son problemas distintos.
Tampoco deberíamos ignorar las consecuencias para el Gobierno. Una falla en una plataforma compartida, un ataque a sistemas de autenticación o una vulneración de infraestructura crítica podrían afectar simultáneamente servicios de diversas dependencias y comprometer información estratégica.
Otros países han desarrollado modelos similares. Singapur cuenta con GovTech, que administra infraestructura digital común, identidad electrónica y herramientas para intercambiar información gubernamental. Estonia utiliza un modelo de interoperabilidad que permite conectar registros sin concentrar necesariamente todos los datos en una sola base. Pero no encontré información de un modelo idéntico al mexicano que reúna exactamente todas estas atribuciones en una sola dependencia. Ambas experiencias demuestran que es posible modernizar la administración y conectar información manteniendo responsabilidades institucionales diferenciadas.
También existen antecedentes internacionales de utilización abusiva de tecnologías para vigilancia estatal. Aunque no hay evidencia que permita equiparar a la Agencia con una policía política, sería irresponsable ignorar que las mismas herramientas que sirven para mejorar servicios pueden utilizarse indebidamente si faltan controles efectivos.
Además, las facultades de la Agencia no han permanecido estáticas desde su creación. Nuevas leyes, decretos y proyectos han ampliado sus responsabilidades. ¿Qué o quién podrá impedir que sus atribuciones continúen aumentando?
Por eso considero indispensable conocer qué bases administra directamente, cuáles puede consultar, quién autoriza las transferencias, qué registros quedan de cada acceso, cómo se investigan los abusos y qué instituciones supervisan efectivamente su actuación.
México necesita modernizarse. Es innegable que la tecnología puede mejorar la administración pública, proteger el patrimonio, facilitar inversiones, ampliar oportunidades y hacer más eficiente al Gobierno. Renunciar a esas ventajas sería un error. Pero concentrar capacidades tecnológicas sin comprobar que existen mecanismos suficientes para protegerlas también puede serlo.
No se trata de desconfiar de quienes actualmente dirigen la Agencia, sino de construir instituciones cuyos límites y controles funcionen independientemente de quién gobierne. La protección de los ciudadanos no puede confiarse únicamente en la buena voluntad de los funcionarios. La transformación digital no se mide solamente por los trámites eliminados o las plataformas desarrolladas, sino, principalmente, por la seguridad de la información y las garantías que impidan utilizarla contra quienes están obligados a proteger.
Porque modernizar al Estado no significa entregarle un poder ilimitado sobre la vida de las personas.
Aly Corany Abdallah
Analista, socialdemócrata y librepensador.
Licenciado en Derecho, Licenciado en Gestión y Desarrollo Empresarial, y TSU en Comercialización Inmobiliaria. Actualmente, cursa la Maestría en Derecho Digital y Juicios en Línea. Su enfoque multidisciplinario le permite analizar la realidad política y geopolítica desde una perspectiva integral.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
