Gerardo Mérida dejó el centro de detención de Brooklyn; no se ha confirmado si negocia como testigo colaborador.
Nueva York (ADN/Arturo Hernández) – Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y general retirado del Ejército mexicano, salió del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn el pasado 11 de agosto, en medio del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.
El exfuncionario permanecía bajo custodia en Nueva York tras entregarse a autoridades estadounidenses en mayo, luego de ser señalado en una acusación federal por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos citados por medios, Mérida Sánchez ya no aparece como interno en el centro penitenciario de Brooklyn y hasta ahora no se ha informado públicamente su ingreso a otro penal federal.
La salida de prisión no implica necesariamente que haya sido exonerado o puesto en libertad absoluta, ya que su situación procesal permanece sin una definición pública por parte de las autoridades judiciales estadounidenses.
Una de las versiones señaladas en reportes periodísticos es que Mérida podría estar bajo custodia federal en un sitio distinto, mientras su defensa mantiene conversaciones con fiscales sobre una eventual colaboración con el gobierno de Estados Unidos
Hasta el momento, no se han dado a conocer las condiciones de su salida del centro de detención, ni existe confirmación oficial sobre su incorporación a un programa de testigos protegidos.
Mérida forma parte de una acusación contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por una presunta estructura de protección política y policial al Cártel de Sinaloa. Los cargos permanecen como acusaciones y no constituyen una declaración de culpabilidad.
El exsecretario se declaró no culpable de cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos y delitos vinculados con armas, dentro de un expediente que fiscales estadounidenses han descrito como complejo.
La audiencia de seguimiento del caso, prevista para el 4 de agosto, fue aplazada sin nueva fecha pública, mientras avanzan las conversaciones entre la defensa y la Fiscalía estadounidense.
El caso mantiene presión política en México por el alcance de las acusaciones contra exfuncionarios sinaloenses y por la posibilidad de que alguno de los señalados colabore con autoridades de Estados Unidos dentro de investigaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción.
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