Hay algo que debería preocuparnos cada vez que una autoridad decide poner nombres y apellidos sobre la mesa: ¿para qué?
Esta semana, desde Palacio Nacional, la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó lo que el Gobierno llamó un “ecosistema de amplificación digital”. En esa exposición aparecieron periodistas como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón, además de medios, organizaciones y actores políticos a los que se atribuyó participar en una estrategia para atacar a la llamada Cuarta Transformación.
El Gobierno tiene, por supuesto, derecho a responder a las críticas. Puede desmentir una información, presentar documentos, cuestionar una investigación y defender sus decisiones. Eso también forma parte de una democracia. Lo que me preocupa es otra cosa: convertir a periodistas concretos en parte de un señalamiento institucional.
Porque una lista presentada desde el poder no tiene el mismo significado que una discusión entre particulares. Quien gobierna tiene recursos, tribunas y una capacidad de influencia mucho mayor. Por eso debe medir no solamente lo que dice, sino también el efecto que puede producir.
No hace falta prohibir un periódico para debilitar la libertad de expresión. A veces basta con hacer que quien escribe una crítica empiece a preguntarse qué consecuencias tendrá poner su nombre sobre una investigación incómoda.
Y aquí aparece una diferencia fundamental. El periodismo puede equivocarse. Puede tener sesgos, intereses, malas prácticas o incluso publicar información falsa. Cuando eso sucede, hay herramientas para responder: el derecho de réplica, las aclaraciones, las vías legales y, sobre todo, el contraste público de los datos. Pero ninguna democracia se fortalece señalando periodistas desde el poder como si formar parte de una crítica al Gobierno fuera, por sí mismo, formar parte de una operación.
También debemos cuidar otra frontera: cuestionar al Gobierno no convierte automáticamente a un periodista en opositor, del mismo modo que apoyar una política pública no convierte a un comunicador en vocero oficial. Esa mezcla termina empobreciendo la conversación pública.
México necesita periodistas incómodos. También necesita periodistas rigurosos. Y necesita autoridades capaces de soportar ambas cosas.
La libertad de expresión no consiste en que todos hablen bien del Gobierno. Consiste, precisamente, en que puedan hablar mal de él sin tener que mirar por encima del hombro.
Cuando el poder comienza a hacer listas de quienes lo cuestionan, la pregunta ya no es solamente qué dijeron esos periodistas. La pregunta que deberíamos hacernos todos es por qué el poder sintió la necesidad de señalarlos.
Ahí está el verdadero debate.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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