La retórica a menudo incendiaria de Trump ha tenido consecuencias legales en otros casos. El juez de Nueva York que preside el juicio de Trump le impuso una multa total de 10.000 dólares por violar una orden mordaza que le prohibía atacar verbalmente a testigos y miembros del jurado.
Estados Unidos (VOA) – La jueza federal que preside el juicio por documentos clasificados contra Donald Trump escuchaba argumentos el lunes sobre si debe prohibir al expresidente hacer comentarios públicos que, según los fiscales, podrían poner en peligro la vida de los agentes del FBI que trabajan en el caso.
Los argumentos siguen a una disputa turbulenta que tuvo lugar a primera hora del lunes ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon en torno a un alegato de los abogados de Trump de que la oficina del fiscal especial Jack Smith, cuyo equipo llevó el caso, está financiada ilegalmente.
El equipo de Smith dice que depende de una asignación permanente que el Departamento de Justicia ha utilizado en repetidas ocasiones para financiar a los fiscales especiales y que no hay nada impropio en el acuerdo.
El equipo de Smith afirma que las restricciones a la libertad de expresión que se debaten este lunes son necesarias a la luz de los falsos comentarios de Trump de que los agentes del FBI que registraron su finca de Mar-a-Lago en agosto de 2022 en busca de documentos clasificados querían matarle a él y a su familia.
Los abogados de Trump dicen que cualquier orden de silencio acallaría indebidamente a Trump en el fragor de una campaña presidencial en la que es el virtual candidato republicano.
La retórica a menudo incendiaria de Trump ha tenido consecuencias legales en otros casos. El juez de Nueva York que preside el juicio de Trump —donde el republicano está s en su contra y en el que fue declarado culpable de 34 delitos graves la semana pasada— le impuso una multa total de 10.000 dólares por violar una orden mordaza que le prohibía atacar verbalmente a testigos y miembros del jurado.
Un juez federal de Washington encargado de su caso de subversión electoral le impuso una orden similar el año pasado que un tribunal de apelaciones ratificó posteriormente.
De momento no quedó claro cuándo podría fallar Cannon, una persona designada por Trump cuyo manejo del caso ha sido sometido a un minucioso escrutinio.
Los argumentos son parte de una audiencia de tres días que comenzó el viernes para abordar varias de las muchas cuestiones legales sin resolver que se han acumulado en un caso cuyo juicio estaba fijado para el mes pasado, pero que se ha visto obstaculizado por retrasos y un ritmo torpe.
Cannon aplazó indefinidamente el juicio, y está casi garantizado que no se efectuará antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
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