Este caso podría reforzar o reducir el poder de los estados para desafiar las políticas federales de inmigración.
Los jueces de la Corte Suprema considerarán un litigio presentado por Texas y Luisiana para detener la implementación de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional del año pasado que instruye a los agentes de inmigración a priorizar los arrestos de inmigrantes que amenazan la seguridad nacional o pública, así como a los inmigrantes que cruzaron recientemente la frontera.
Un eventual fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de la guía de inmigración podría limitar la capacidad del gobierno para establecer prioridades de cumplimiento.
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