El gobierno de Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico internacional de drogas y vínculos con organizaciones criminales.
Caracas / Washington (ADN/Staff).— La detención de Nicolás Maduro, confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se produjo tras una ofensiva militar a gran escala contra objetivos estratégicos en Venezuela, en el marco de una escalada que Washington justifica como parte de su combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, Maduro enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, formulados desde 2020 por el Departamento de Justicia, que lo acusan de dirigir una estructura criminal desde el Estado venezolano para facilitar el tráfico internacional de drogas, principalmente cocaína, hacia Estados Unidos.
Entre las acusaciones centrales se incluyen:
- Narcoterrorismo, por presuntamente colaborar con organizaciones criminales y grupos armados.
- Apoyo y facilitación del tráfico internacional de drogas, usando rutas aéreas, terrestres y marítimas.
- Conspiración para “inundar” de drogas a Estados Unidos, en coordinación con actores armados y sectores militares.
- Uso del narcotráfico como arma contra Estados Unidos, según expedientes judiciales citados por fiscales en Nueva York.
- Vínculos con organizaciones criminales, entre ellas la banda venezolana Tren de Aragua, señalada como objetivo prioritario por Washington.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán procesos judiciales en tribunales estadounidenses tras una acusación formal presentada en Nueva York. Washington sostiene que la operación militar se enmarca en una estrategia más amplia iniciada tras una orden ejecutiva que clasifica a cárteles y redes criminales como organizaciones terroristas extranjeras.
El operativo incluyó ataques con drones y acciones navales, además de la incautación de embarcaciones que transportaban petróleo venezolano en aguas internacionales, según fuentes estadounidenses. Caracas, por su parte, rechazó la intervención, denunció violaciones al derecho internacional y declaró estado de conmoción, mientras varios países de la región —incluido México— condenaron el uso de la fuerza y llamaron a la vía diplomática.
La situación sigue en desarrollo, con tensión regional elevada y versiones encontradas sobre los alcances legales y políticos de la detención, así como sobre el futuro inmediato de Venezuela.
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