Diputado federal acusa a la gobernadora de politizar la discusión sobre la Ley de Aguas Nacionales.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el estado de Chihuahua enfrenta el mayor nivel de sobreexplotación de acuíferos y cuencas hidrológicas en el país, con una extracción anual que excede por más de 3 mil 200 millones de metros cúbicos lo que está legalmente concesionado.
Esta cantidad, dijo, equivale al volumen total de agua almacenada en la Presa La Boquilla y la Presa Las Vírgenes juntas.
El señalamiento se dio en respuesta a las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien ha manifestado su inconformidad con el proceso de discusión de la nueva Ley de Aguas Nacionales, acusando falta de apertura y diálogo con productores agrícolas.
Ramírez Cuéllar calificó tales afirmaciones como “falsas, irresponsables y dañinas”, advirtiendo que se trata de un tema de seguridad nacional que no debe ser utilizado con fines electorales ni para generar confrontación política.
Según el legislador, la Cámara de Diputados ha llevado a cabo durante noviembre una serie de audiencias públicas y reuniones abiertas en diversas entidades, incluyendo Chihuahua.
Detalló que representantes del estado, como el director de la Junta Central de Aguas, Mario Mata Carrasco, participaron activamente en el Programa General de Audiencias de Agua, donde se recibieron más de 450 propuestas de modificación a la iniciativa.
Ramírez Cuéllar también enumeró los encuentros sostenidos con diferentes sectores del campo, destacando reuniones específicas con productores chihuahuenses.
El 23 de noviembre, dijo, se reunió con el dirigente agrícola Martín Solís para atender inquietudes sobre el uso del agua y el mercado de concesiones.
Estos diálogos, argumentó, desmienten la versión de que no se ha consultado a los actores locales.
Además de la sobreexplotación de mantos acuíferos, el diputado acusó la existencia de al menos cinco mil pozos ilegales en el estado, así como un acaparamiento de concesiones y constancias de libre alumbramiento por parte de políticos y empresarios locales.
Esta situación, advirtió, amenaza el acceso al agua de más de cien mil chihuahuenses, especialmente en zonas urbanas donde aún no se garantiza este derecho humano.
Para Ramírez Cuéllar, el nuevo marco legal busca ordenar el uso del recurso, combatir la ilegalidad en la explotación del agua y garantizar su acceso equitativo.
Aseguró que el proceso legislativo continuará bajo un esquema transparente, plural e incluyente, escuchando a todos los sectores sin exclusiones ni privilegios, con base en la evidencia y con una visión de largo plazo.
En medio de este debate, el manejo del agua en Chihuahua vuelve a colocarse como un tema prioritario.
La tensión entre el gobierno estatal y el federal revela la complejidad de armonizar intereses agrícolas, urbanos y medioambientales en una entidad donde el acceso al agua es un asunto crítico, tanto para la producción como para la vida cotidiana de cientos de miles de personas.
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