La modificación constitucional establece un tope equivalente al 50% del salario presidencial para jubilaciones de altos funcionarios.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional para limitar las llamadas “pensiones doradas” en el sector público, medida que busca reducir jubilaciones consideradas excesivas entre exfuncionarios de alto nivel.
La iniciativa fue avalada con 116 votos a favor en lo general, sin votos en contra ni abstenciones. Posteriormente, el dictamen también fue aprobado en lo particular con 109 votos, luego de que la mayoría legislativa rechazó las reservas presentadas por senadores de oposición.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de establecer límites claros a las pensiones otorgadas a exdirectivos y altos mandos de organismos públicos y empresas productivas del Estado.
De acuerdo con el dictamen aprobado, ningún jubilado de organismos estatales podrá recibir una pensión superior al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
Durante el debate legislativo, senadores señalaron que existen casos de jubilaciones que superan incluso el millón de pesos mensuales, lo que ha generado críticas por la desigualdad frente a las pensiones promedio que perciben millones de trabajadores en el país.
Legisladores señalaron que estas jubilaciones representan un gasto público desproporcionado frente a las pensiones promedio de los trabajadores.
La reforma está dirigida principalmente a altos mandos y exfuncionarios de empresas del Estado, organismos descentralizados y banca de desarrollo, donde se han identificado esquemas de retiro con montos considerablemente elevados.
Entre las instituciones señaladas en el debate legislativo se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la banca de desarrollo y diversos organismos públicos descentralizados.
Aunque los partidos de oposición respaldaron la eliminación de estas pensiones elevadas, algunos legisladores cuestionaron el diseño del nuevo límite al considerar que vincular el tope al salario presidencial podría generar ajustes automáticos si se modifica la remuneración del titular del Ejecutivo.
El dictamen también establece que la reforma no tendrá efectos retroactivos, por lo que los recursos ya recibidos por los actuales beneficiarios no serán reclamados por el Estado.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados y posteriormente en los congresos estatales, paso necesario para que la modificación constitucional entre en vigor.
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