Una publicación señala que Alfonso Durazo y Américo Villarreal son investigados por autoridades estadounidenses y habrían ingresado a ese país mediante un programa especial de cooperación.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Una publicación del diario Los Angeles Times señala que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, son objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado y que ambos habrían ingresado a Estados Unidos mediante un mecanismo especial conocido como Significant Public Benefit Parole.
De acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense, dicho programa permite el ingreso temporal de personas extranjeras cuya presencia representa un beneficio significativo para investigaciones o procesos relacionados con la seguridad pública. La publicación sostiene que ambos mandatarios estatales habrían utilizado este mecanismo pese a enfrentar indagatorias en territorio estadounidense.
El reporte indica que Alfonso Durazo habría perdido su visa estadounidense previamente, aunque continuaría viajando al vecino país del norte para recibir atención médica bajo ese esquema especial. Asimismo, señala que las autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales.
En el caso de Américo Villarreal, la publicación refiere que también contaría con una autorización bajo el programa Significant Public Benefit y que, durante algunos de sus cruces a territorio estadounidense, habría recibido acompañamiento de personal de seguridad de ese país. Según las versiones citadas, las indagatorias estarían relacionadas con posibles actividades vinculadas al tráfico ilegal de combustibles.
Los nombres de ambos gobernadores se suman a versiones previas que han involucrado a otros funcionarios mexicanos en investigaciones desarrolladas por agencias estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente acusaciones formales ni cargos penales en cortes de Estados Unidos contra los mandatarios estatales.
Tanto el gobierno de Sonora como el de Tamaulipas rechazaron los señalamientos. Las administraciones estatales calificaron como falsas las versiones sobre presuntas investigaciones o restricciones migratorias y sostuvieron que no han recibido notificación oficial de autoridades estadounidenses respecto a esos temas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado preocupación por la difusión de este tipo de reportes y ha insistido en que cualquier acusación contra funcionarios mexicanos debe estar respaldada por pruebas. La mandataria también ha señalado que las relaciones de cooperación entre ambos países deben desarrollarse con respeto a la soberanía nacional y al marco jurídico vigente.
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