La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno estudia una petición de repatriación de Ismael “El Mayo” Zambada, miembro del Cártel de Sinaloa actualmente enjuiciado en EEUU.
Ciudad de México (VOA) – México analiza una petición del Ismael “El Mayo” Zambada, miembro del Cártel de Sinaloa que está , para su repatriación y que su juicio se lleve a cabo en territorio mexicano, informó el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria confirmó que el consulado mexicano en Nueva York recibió un escrito de Zambada en el que pedía el apoyo del gobierno y que se está revisando.
“Nadie está defendiendo al personaje”, aclaró Sheinbaum. “Mas allá de la persona y sus delitos… el asunto es cómo se da esta detención”, indicó.
Según el diario Reforma, que publicó este viernes el contenido del documento, Zambada denuncia en el escrito que Estados Unidos no verificó la legalidad de su ingreso al país y, además de solicitar ser juzgado en México, pide al gobierno que interceda para evitar que Estados Unidos pueda imponerle la pena de muerte.
Además, asegura que si el gobierno mexicano no cumple con su obligación de velar por los derechos de sus ciudadanos eso podría dañar las relaciones entre ambos países.
“El Mayo”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa más viejos y astutos, fue detenido en julio en Texas adonde llegó en un avión privado con Joaquín Guzmán López —uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán (que cumple cadena perpetua en Estados Unidos)— y que también era buscado por las autoridades estadounidenses.
Posteriormente, Zambada denunció en una carta que fue secuestrado por Guzmán López y el gobierno mexicano abrió una investigación por el delito de traición contra quienes supuestamente lo entregaron.
Sin embargo, no hay noticias de que el capo mexicano argumentara en sus audiencias que hubo una detención ilegal. Zambada está acusado de varios cargos, incluido el de asociación delictiva para fabricar y distribuir fentanilo, y en enero fiscales estadounidenses indicaron que estaban discutiendo un posible acuerdo de culpabilidad con el narcotraficante.
México puede solicitar a Estados Unidos que no aplique una pena prohibida por sus leyes, como la pena de muerte, pero habitualmente Estados Unidos sólo permite la repatriación si el proceso y la sentencia contra el afectado ya ha culminado o por una decisión política.
Precisamente esto último ocurrió en noviembre de 2020 (al final de la primera presidencia de Donald Trump) cuando Estados Unidos retiró los cargos por narcotráfico contra el exsecretario de la Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos, que fue devuelto a México y, más tarde, exonerado de cualquier delito.
En el caso de Zambada, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) denunció que las autoridades estadounidenses no habían dado toda la información que tenían sobre el vuelo privado que llevó a los capos a Texas, adonde fueron detenidos.
La fiscalía federal mexicana empezó entonces a analizar si se habría cometido un delito de traición. Según la legislación mexicana, este crimen incluye atacar a México en nombre de una potencia extranjera o servir a un ejército extranjero, pero se considera que comete traición “quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”.
Todo el operativo tiene todavía muchos puntos sin aclarar y desencadenó una guerra interna entre los seguidores de Zambada y la facción del cártel liderada por los hijos de “El Chapo”.
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