El Gobierno propone que los ciudadanos opten por rentar viviendas en lugar de poseerlas, ante el cese de construcción de vivienda estatal.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La más reciente iniciativa del Ejecutivo en materia de vivienda, presentada al Legislativo, ha generado un intenso debate. El plan propone que los mexicanos opten por el alquiler de viviendas en vez de la adquisición, siguiendo la cesación de la construcción de vivienda por parte del Estado mexicano durante el actual sexenio. Esta medida, según críticos como el Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano), desvía el sueño de la vivienda propia para los trabajadores, en un contexto donde el Gobierno no ha cumplido con la construcción de las 600,000 viviendas que se requieren anualmente.
El Consejo Empresarial Mexicano ha expresado su preocupación, destacando que la falta de construcción de nuevas viviendas ha exacerbado el desempleo entre los jóvenes y ha impulsado el incremento de la informalidad y el subempleo. Según este organismo, el Gobierno no ha logrado revertir el déficit de 8.5 millones de viviendas ni ha implementado incentivos fiscales que amplíen la capacidad de las más de 2,500 pequeñas y medianas constructoras.
La iniciativa presidencial demandaría recursos fiscales inmensos, estimados en aproximadamente 1 billón 160 mil millones de pesos anuales, solo para abordar el 10% del déficit de viviendas y las necesidades anuales. Esta situación financiera, catalogada como “impagable” por el Consejo, afectaría directamente a los trabajadores, quienes se verían imposibilitados para adquirir sus propias casas.
Frente a esto, el Consejo Empresarial Mexicano propone mantener el modelo de financiamiento actual del INFONAVIT, abogando por la autonomía del Director General del instituto y por fortalecer la participación del sector privado en la construcción de vivienda social. También sugiere incentivos como la tasa 0% del IVA en materiales de construcción y esquemas alternativos de financiamiento para reducir tasas de interés y riesgos bancarios, fomentando así la competitividad y accesibilidad a la vivienda.
La propuesta del Consejo incluye la idea de que la vivienda sea un derecho de propiedad intercambiable, facilitado por el Estado y adaptable a las necesidades cambiantes de los individuos a lo largo de sus vidas. Además, recomienda que el patrimonio inmobiliario pueda ser utilizado como una hipoteca inversa para mejorar las condiciones de vida de las personas en su vejez.
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