La organización no gubernamental que trabaja en México y Centroamérica –de manera independiente- “por la defensa y vigilancia de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo”, documentó en el primer semestre 331 agresiones contra la prensa en el país azteca, las que van desde amenazas, hostigamiento, acoso y en los casos más graves el asesinato.

“Preocupa la violencia letal contra la prensa, pues de los 9 asesinatos donde Article 19 identifica posible vínculo con la labor de las víctimas también existe en todos posibles participación del crimen organizado a nivel de autoría material. Insistimos que mientras no haya investigaciones exhaustivas, imparciales y profesionales, será imposible identificar y procesar a los autores intelectuales de los asesinatos”, reza el informe de 25 paginas.

En la investigación se han zonificado las regiones de México donde los periodistas corren más riesgo, así como el tipo de fuentes que cubren para los medios de comunicación; también se ha estratificado desde el observatorio el tipo de amenaza y los medios utilizados para la comisión de las mismas.

“Cinco de las personas periodistas asesinadas (hasta el 30 de junio) cubrían la fuente de seguridad y justicia, y cuatro la de corrupción y política”, enumera el observatorio.

José Luis Gamboa Arenas (Veracruz) y Margarito Martínez (Tijuana), ultimados a inició del año cubrían nota roja y desarrollo de políticas de seguridad. Lourdes Maldonado (Tijuana) y Roberto Toledo (Michoacán) cubrían temas relacionados con corrupción en las administraciones locales y estatales, por mencionar algunos.

Article 19, sostiene que lo más grave es la sostenida impunidad en el país, aunada a una retórica “estigmatizante contra los periodistas y medios de comunicación”, según la compilación de documentos del período en observación.

“Buscan convertir al mensajero en el mensaje, desvirtuando las investigaciones o reportes originales de la prensa. Desde el titular del Poder Ejecutivo Federal, se sigue identificando un «efecto cascada» donde, sin importar el nivel de gobierno, o el partido, las autoridades deslindan su responsabilidad e inclusive justifican la violencia contra la prensa al catalogarla como conservadora, vendida, o adversaria, entre otros”, sostiene la organización.

Llamados de la CIDH para extender protección

Ante la escalada de violencia contra la prensa en México y un aumento significativo en otras latitudes del continente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a los estados a crear o reforzar mecanismos para proteger a los comunicadores.

“Para la Relatoría, el hecho de que la violencia se extienda –cada vez con mayor frecuencia— a las y los familiares de periodistas pone de manifiesto la degradación severa de las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo, y pone en cuestionamiento la vigencia del Estado de Derecho para quienes ejercen el oficio en México”, ha dicho el organismo hemisférico con sede en Washington DC.

Por lo tanto la CIDH ha instado al Estado mexicano a poner en perspectiva la situación para el “desarrollo de medidas de prevención”, entre estas que los familiares de los periodistas en situación de riesgo también puedan gozar de protección especial “a su vida, integridad y libertad de expresión”.

Cuestionamientos

Tanto Article 19 como otras organizaciones regionales, entre estas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han plantado cara al gobierno de México que aún no reconoce la violencia contra la prensa y en algunos casos incluso muestra menosprecio a los comunicadores y medios de comunicación por las coberturas.

Por ello en lo que va de mandato de Andrés Manuel López Obrador, que inició su gestión el 1 de diciembre de 2018, las organizaciones han llevado una cuenta aparte para compararlo con otros períodos presidenciales.

“Con las cifras registradas durante el primer semestre del 2022 suman un total de 2,304 ataques contra la prensa perpetrados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de estos ataques se han cometido 39 asesinatos, 26 desplazamientos forzados y 2 desapariciones”, sostiene Article 19.

En las pocas referencias al tema de la violencia contra los periodistas hechas por el mandatario mexicano en ruedas de prensa, no ha abonado mucho en cuanto a planes de su administración para al robustecimiento de los programas de protección para comunicadores, ni para reforzar la investigación desde la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador a minimizado el asunto ya que, según su argumento, en muchos casos el hostigamiento ‘no pasa a más’. “No deja de haber polémica, algunas amenazas, no pasa a mayores. En el caso de los periodistas asesinados se está procurando que se aclaren los motivos, se detenga a los culpables y también se busca evitar los ambientes de violencia”, ha opinado el mandatario.

De acuerdo con la empresa de consultoría política TResearch Internacional, en lo que va del mandato de López Obrador que culmina en diciembre de 2024 se han asesinado a 39 periodistas; mientras que durante los seis años de gestión de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 47, en el período de Felipe Calderón suman 48, y durante la gestión de Vicente Fox fueron 22 los periodistas asesinados.