El monto corresponde a gasto acumulado multianual ejercido vía INPI, FAISPIAM y programas federales, sin una partida específica en el PEF
Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México ha reportado una inversión acumulada de 5 mil 441 millones de pesos en el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, una estrategia federal de carácter multianual que concentra acciones de restitución de tierras, infraestructura social, educación, salud indígena y programas de bienestar en comunidades indígenas de la región serrana de Chihuahua.
La cifra, difundida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), no corresponde a una asignación única ni a un solo ejercicio fiscal, sino a la suma de recursos ejercidos por distintas dependencias federales desde el inicio del plan, con cortes informativos actualizados hasta 2025.
El mayor componente del gasto se concentra en infraestructura social y servicios básicos, con aproximadamente 1 mil 387 millones de pesos, destinados a caminos artesanales, electrificación, acceso al agua potable y equipamiento comunitario. Este rubro representa uno de los ejes centrales del plan ante el rezago histórico en conectividad y servicios en la Sierra Tarahumara.
En segundo plano se ubica la educación indígena, con una inversión cercana a 1 mil 277 millones de pesos, orientada a casas y comedores escolares, becas, apoyos a estudiantes y mejoras en infraestructura educativa en comunidades indígenas.
La justicia ambiental y los proyectos productivos suman alrededor de 1 mil 240 millones de pesos, recursos vinculados a iniciativas de desarrollo sustentable, fortalecimiento de economías comunitarias y programas productivos federales implementados en la región.
En materia de bienestar social, se reportan aproximadamente 1 mil 130 millones de pesos, integrados por programas federales que operan en municipios serranos y que, aunque no fueron creados exclusivamente para el Plan de Justicia, forman parte de su ejecución territorial.
El desglose oficial también incluye 370 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), además de montos menores en cultura, lengua e identidad (6 mdp), salud y medicina tradicional (3.3 mdp), justicia territorial y agraria (3 mdp) y gastos de implementación del plan (22.5 mdp).
El contraste con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 y 2025 muestra que el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara no cuenta con una partida presupuestaria específica aprobada por la Cámara de Diputados, ya que no aparece como programa autónomo con clave propia dentro del gasto federal.
En su lugar, los recursos provienen de partidas ya autorizadas en el PEF, principalmente del presupuesto del INPI, del FAISPIAM y de diversos programas sectoriales y de bienestar. Bajo este esquema, el Congreso aprueba montos generales por dependencia y fondo, mientras que el Ejecutivo federal integra dichos recursos en la ejecución del Plan de Justicia.
Esto implica que los más de 5 mil millones de pesos corresponden a gasto ejercido y reportado, no a un monto etiquetado de origen por el Legislativo, lo que dificulta su rastreo directo en los anexos presupuestarios, pero permite su identificación mediante la suma de rubros ejecutados y reportes oficiales.
Con información de INPI y El Heraldo de México
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