La propuesta busca homologar el delito en todo el país, establecer penas de hasta 70 años de prisión y fortalecer la protección a las víctimas.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el propósito de homologar en todo el país los criterios de investigación, sanción y atención a las víctimas, así como fortalecer el combate a la impunidad.
La mandataria federal afirmó que la propuesta busca establecer un marco jurídico uniforme para que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos estándares y con perspectiva de género, evitando que estos casos sean clasificados de manera incorrecta o que las investigaciones presenten omisiones.
“Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”.
La iniciativa establece una definición única del delito de feminicidio, al señalar que lo comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además, incorpora diez supuestos para acreditar esas razones, entre ellos la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, contextos de desigualdad de poder y delitos motivados por estereotipos de género.
La propuesta contempla penas de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que incrementarían la sanción hasta en una mitad cuando concurran circunstancias como que la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o cuando el responsable sea un servidor público.
“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es la prevención, la atención, la educación y la cero impunidad frente al delito de feminicidio”.
Además de la prisión, la iniciativa prevé la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos cuando corresponda. También establece que el delito, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, además de impedir beneficios como amnistías, conmutación de penas o criterios de oportunidad.
La propuesta incorpora medidas para fortalecer la atención a víctimas directas e indirectas, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica especializada, protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
La iniciativa será analizada por el Congreso de la Unión como parte del proceso legislativo, donde deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por ambas cámaras antes de su eventual entrada en vigor.
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