A casi 8 años de su desaparición, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue acaparando titulares y revelando entramados de corrupción con capítulos aún por cerrar.
Miami, EE.UU. (VOA) – Hasta fines de 2014 muy pocos fuera de México habían escuchado sobre Ayotzinapa. En la noche del 26 de septiembre la pequeña localidad del estado de Guerrero, sede de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, alcanzaría triste notoriedad ligada a uno de los escándalos más terribles en la larga historia de violencia en el país centroamericano.
Unos 80 estudiantes “normalistas” de entre 17 a 25 años fueron atacados por la policía y 43 desaparecerían como resultado. Casi ocho años después, el caso abierto de los 43 de Ayotzinapa continúa revelando un entramado de corrupción que ha llegado a los más altos niveles del poder en México, con capítulos aún por cerrar.
Este Agosto la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia creada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el caso como “crimen de Estado” y arrestó a altos funcionarios acusados de obstruir la justicia.
En la Voz de América ofrecemos una línea de tiempo condensada de los sucesos más importantes en el caso hasta el momento.
La Noche de Iguala
26 de Septiembre de 2014
Unos 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados por la policía de la municipalidad de Iguala. Estos centros normalistas acogen a jóvenes muy humildes y son conocidos por su activismo social. En una triste coincidencia, estos se dirigían a la Ciudad de México para asistir a una protesta en conmemoración de la masacre a estudiantes de Tlatelolco en 1968.
El encontronazo fue especialmente violento en esta ocasión. La policía disparó a los autobuses llenos de jóvenes y, de acuerdo con la mayoría de las versiones oficiales, los entregó al cártel local “Guerreros Unidos”, estrechamente relacionados con las fuerzas del orden, el alcalde de Iguala y su esposa. Como resultado, 6 personas murieron y 43 estudiantes “desaparecieron”.
28 de Septiembre de 2014
Tlachinollan, una organización no gubernamental en el estado de Guerrero, hace la primera denuncia de uso de violencia estatal. En ese entonces se reportaron 55 desaparecidos. La ONG se convirtió luego en la asesora legal de las familias.
Septiembre – Octubre de 2014
Las autoridades comienzan oficialmente la búsqueda. Dos días después Amnistía Internacional denuncia los hechos y pide una pronta resolución del caso al Gobierno de México.
El Gobierno de Guerrero publica un informe donde por primera vez se reconoce la participación de la policía de Iguala y “Guerreros Unidos” en el crimen.
8 de Octubre de 2014
Unas 15.000 personas protestan en Ciudad de México, en una primera protesta masiva encabezada por los familiares de las víctimas que se replica luego en otras 55 ciudades dentro y fuera del país.
Ese mismo día el respetado Equipo Argentino de Antropología Forense hace su primera visita a Guerrero a solicitud de los padres que no confían en los peritos oficiales. Los forenses argentinos identifican 28 cuerpos descubiertos en una fosa común, pero ninguno pertenece a los desaparecidos.
Las protestas se multiplican a capitales como Londres, Nueva York, Madrid, y Río de Janeiro. Escuelas y universidades de México protagonizan huelgas para denunciar los hechos.
Poco después, las Naciones Unidas se involucra y expresa su preocupación por la continua desaparición de estudiantes. Más de 60 fosas comunes se descubren como resultado de la búsqueda.
Noviembre de 2014
Murillo Karam anuncia que, de acuerdo a la investigación, la policía de Iguala entregó a los estudiantes al cártel de los “Guerreros Unidos”. Murillo Karam termina la conferencia con “Ya me cansé” y desata la ira de la sociedad mexicana. Ese mismo día las familias rechazan la versión oficial.
Ciudad de México acoge otra protesta masiva, esta vez con 100,000 manifestantes y réplicas en 250 ciudades. Se reportan más enfrentamientos y 11 detenciones.
8 de Diciembre de 2014
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México toma el caso y anuncia que laboratorios en Innsbruck, Austria, identifican al estudiante Alexander Mora Venancio, entre los restos encontrados en el basurero de la vecina localidad de Colula, donde según la versión oficial fueron incinerados los estudiantes. Los forenses argentinos advierten que se violaron protocolos y no hay manera de garantizar la veracidad de los hallazgos.
La “verdad histórica” que nunca fue
27 de Enero de 2015
El procurador Murillo Karam declara que la “verdad histórica” ha sido determinada y da como resuelto el caso. La fuerte presión y el descontento lo fuerzan a renunciar un mes más tarde.
Enero – Febrero- Marzo de 2015
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crea un grupo independiente de investigación que luego se convierte en uno de los principales aliados de los familiares.
México es llamado a rendir cuentas a la sesión de desaparición forzada de la ONU, donde son invitados los padres de los estudiantes. Los familiares protagonizan una serie de caravanas en los meses siguientes por ciudades de Estados Unidos, Europa y América Latina.
Septiembre de 2015
El grupo de expertos de la CIDH culpa al Gobierno mexicano por la desaparición de los 43 estudiantes y desacredita la versión oficial de que fueron incinerados. Un segundo normalista, Jhosivani Guerrero De La Cruz, es identificado por los laboratorios de Innsbruck.
111 miembros de la policía y presuntos miembros de “Guerreros Unidos” son detenidos en relación con el crimen. Con excepción del alcalde de Iguala y su esposa, ningún otro funcionario del Estado ha sido arrestado.
Estados Unidos retira 5 millones de su ayuda a México para combatir el tráfico de drogas en respuesta a las violaciones de Derechos Humanos en el país.
Febrero – Marzo – Abril de 2016
Los forenses argentinos y el grupo de expertos de la CIDH rechazan oficialmente la “verdad histórica” del Gobierno mexicano y publican un reporte final que reafirma que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Colula, denuncia la coordinación entre las autoridades para evitar que los estudiantes escaparan y la obstaculización gubernamental de la investigación.
Septiembre – Noviembre de 2017
En el tercer aniversario de los hechos unos 100,000 manifestantes protestan en la Ciudad de México pidiendo la resolución del caso.
La recién aprobada Ley de Desapariciones Forzadas castiga con penas de 40 a 60 años de cárcel a funcionarios involucrados y de 25 a 50 años a particulares.
31 de Mayo de 2018
El Tribunal Federal de México emite una sentencia histórica en la que concluye que la Fiscalía General de la República no garantizó procesos transparentes y de justicia para el caso Ayotzinapa. Se crea la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (CVAJ).
Crimen de Estado
Junio de 2019
El video de la tortura a uno de los detenidos con relación al caso de Ayotzinapa se publica en Youtube, probando que la Fiscalía utilizó la fuerza en sus procedimientos.
El Fiscal General del mandato del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero, crea la Unidad Especial de Investigación para determinar las causas de la desaparición, la obstrucción de justicia y otros crímenes cometidos durante las investigaciones.
Julio 2020
La “verdad histórica” es oficialmente cancelada y el Fiscal General solicita la captura de 46 exfuncionarios, entre ellos el entonces jefe de la investigación, Tomás Zerón, acusado de secuestrar, torturar y manipular evidencia del caso. Actualmente Zerón se encuentra fugitivo en Israel.
Según la Fiscalía, existían elementos que apuntaban a estas personas, pero en los casi 6 años desde los hechos no se habían procesado esos expedientes.
18 de Agosto de 2022
La CVAJ presenta sus conclusiones preliminares y establece que en la desaparición “concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano” y lo declara “crimen de Estado”.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, asegura el informe de la CVAJ.
Al día siguiente fue detenido el ex Fiscal Jesús Murillo Karam y se emitieron otras 83 órdenes de detención contra militares, policías, autoridades administrativas y judiciales y miembros de Guerreros Unidos.
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