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    abril 19, 2024 | 2:45

    Combate a la pobreza, política dirigida a personas con discapacidad: Ariadna Montiel

    Publicado el

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    Encabeza la secretaria de Bienestar mesa de sustentación de los informes periódicos segundo y tercero combinados, presentados por México ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

    Ciudad de México (ADN / Martín Orquiz) – El Estado mexicano inició la sustentación de los informes periódicos segundo y tercero combinados, presentados por México en 2018 ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), para exponer las acciones instrumentadas en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, informó la Secretaría de Bienestar a través de un comunicado.

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    En el documento se establece que 3 millones y medio de personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, elevada a rango constitucional por iniciativa del Gobierno de México desde el 8 de mayo de 2020.

    Con esa estrategia se da cumplimiento al derecho internacional en la materia, al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, así como a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, declaró que en México se tiene el deber de acercar los medios, los elementos y las posibilidades de que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en plena libertad y conforme a sus propias decisiones, escuchando con atención sus necesidades, sus demandas, sus intereses, deseos y esperanzas.

    En un enlace virtual con Ginebra, Suiza, sede del CDPD, Montiel Reyes informó el esfuerzo presupuestario que se realiza desde 2019 y hasta el presente por parte del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que asciende a más de 227 mil millones de pesos, unos 10 mil 850 millones de dólares, para garantizar un ingreso básico a la población que vive en condición de discapacidad.

    También, de manera universal, a las personas de 0 a 29 años y mayores de 65 años, para las de 30 y hasta 64 años que habitan en municipios y localidades indígenas o afromexicanas, así como en municipios o localidades que viven en extrema pobreza.

    En este marco, reiteró la propuesta de López Obrador ante los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 9 de noviembre de 2021, para conformar un plan mundial de fraternidad y bienestar.

    El objetivo, dijo Montiel Reyes, es crear un fondo por 1 mil millones de dólares que sirva, entre otros propósitos, para atender a las personas con discapacidad.

    En el caso mexicano, la pensión se entrega de manera directa a las y los beneficiarios.

    “Estamos decididos a aplicar una fórmula distinta para desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el recurso distribuido bajo el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, dijo.

    La funcionaria federal anunció que se trabaja de forma institucional con las y los gobernadores de las 32 entidades federativas para que, de forma conjunta con el Gobierno de México, solventen la pensión universal para personas de 30 a 64 años de manera universal para dignificar sus niveles de vida.

    “Hemos tomado medidas y acciones para dar cumplimiento a las obligaciones adoptadas por México, en un compromiso fehaciente por la protección de las personas y velar por sus derechos y su bienestar”, expresó.

    La delegación mexicana está encabezada por Montiel Reyes, además servidores públicos de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob), Economía (SE), Función Pública (SFP), Educación Pública (SEP), Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Salud, entre otros.

    También participan representantes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) y diversos organismos autónomos que coadyuvan en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad.

    Además, asiste la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

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