Analistas señalan que Washington exige resultados tangibles en seguridad y combate a redes políticas vinculadas al crimen organizado.
Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Tras la reciente entrega de 37 personas privadas de la libertad a autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con grupos delictivos, especialistas en seguridad y narcotráfico advirtieron que el gobierno mexicano aún tendría pendientes acciones de mayor calado, que podrían incluir funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado.
El periodista especializado en narcotráfico Luis Chaparro expuso que los traslados a prisiones estadounidenses no se detendrán y que, desde la óptica del Departamento de Justicia, el tema es estrictamente de seguridad nacional, mientras que para México representa un asunto político por el contexto de la relación bilateral.
El analista sostuvo que existe desconfianza de agencias estadounidenses hacia las instituciones mexicanas, tanto por filtraciones de información como por la operación de estructuras criminales desde centros penitenciarios federales, lo que evidenciaría problemas de corrupción y control interno.
“La confianza del Departamento de Justicia en México es poca, y hay temor de que información sensible se filtre y ponga en riesgo a personas”.
Chaparro afirmó que, con los traslados recientes, Estados Unidos tendría acceso a información histórica del narcotráfico en México, incluida aquella relacionada con vínculos políticos, y consideró que los estados fronterizos son una prioridad para Washington por su impacto directo en la seguridad estadounidense.
En su análisis, señaló que el gobierno de Estados Unidos observa con atención el rumbo político de México y las reformas en discusión, y que la presión internacional podría traducirse en exigencias más directas contra redes de protección política al crimen organizado.
Por separado, el especialista en seguridad nacional de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, coincidió en que la administración de Donald Trump busca resultados más amplios y estructurales, no sólo detenciones de operadores criminales de bajo nivel.
“Estados Unidos quiere el paquete completo: narcoempresarios, narcopolíticos y resultados concretos, no sólo el combate frontal en el terreno”.
El académico advirtió que el reto para el actual gobierno federal es definir qué acciones serán consideradas resultados tangibles, entre ellas una mayor cooperación bilateral y posibles operaciones conjuntas, en un contexto donde el combate al crimen organizado sigue condicionado por intereses políticos locales.
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