La presidenta señaló que la concentración de contratos de material electoral tiene antecedentes desde 1999 y pidió fortalecer Talleres Gráficos de México.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la concentración de contratos para la producción de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene antecedentes desde 1999, y cuestionó que durante la gestión de Lorenzo Córdova se mantuviera un esquema de contratación que, según sus declaraciones, favoreció a un grupo reducido de empresas proveedoras.
Durante su conferencia matutina de este viernes 30 de octubre, la mandataria sostuvo que las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de materiales electorales no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes en procesos electorales realizados hace más de dos décadas.
Sheinbaum mencionó que desde 1999 se registraron cuestionamientos relacionados con empresas proveedoras de material electoral en el Estado de México, mientras que en 2005 surgieron nuevos señalamientos. Sin embargo, afirmó que estas compañías continuaron participando en las contrataciones del organismo electoral nacional y de los institutos estatales.
“Primer escándalo 1999, segundo 2005. Con estos contratistas, ya con ese escándalo del 2005 y de 1999, en 2014 son reconocidos como contratistas del INE y de los organismos electorales estatales”.
La presidenta cuestionó particularmente el papel del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien encabezó el organismo entre 2014 y 2023, al señalar que durante ese periodo se mantuvieron mecanismos de contratación que permitieron a las mismas empresas continuar obteniendo contratos para suministrar materiales utilizados en las elecciones.
También hizo referencia a declaraciones recientes de Córdova, quien reconoció públicamente la existencia de una concentración de proveedores en el mercado de insumos electorales. Sheinbaum consideró que ese reconocimiento confirma que el problema era conocido desde administraciones anteriores.
En sus señalamientos incluyó al exconsejero electoral Alfredo Figueroa, cuyas declaraciones sobre la designación de Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral de Sonora en 2014 fueron retomadas por la mandataria para cuestionar las decisiones adoptadas durante la integración de los organismos públicos locales electorales.
La titular del Ejecutivo federal sostuvo que el esquema de concentración de contratos también se extendió a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuyos integrantes fueron designados por el Consejo General del INE a partir de la reforma electoral de 2014.
En ese contexto, planteó la necesidad de revisar los procedimientos de contratación y las licitaciones mediante las cuales se adquieren urnas, mamparas, casillas y otros materiales necesarios para organizar los procesos electorales, con el propósito de ampliar la participación de empresas proveedoras.
Asimismo, pidió investigar las contrataciones realizadas durante distintas administraciones del INE, sin limitar las revisiones al periodo de Guadalupe Taddei, ante los señalamientos de posibles irregularidades y concentración de adjudicaciones.
Como parte de las medidas propuestas, Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer Talleres Gráficos de México para ampliar su participación en la producción de material electoral, mediante un modelo que contemple mayor capacidad operativa, transparencia y supervisión de los procesos de fabricación y contratación.
La presidenta planteó que este organismo público cuente con un consejo de administración más abierto, con mecanismos de vigilancia externa e incluso participación de representantes de universidades, para garantizar mayor transparencia en sus operaciones.
Finalmente, señaló que las modificaciones al esquema de producción y adquisición de materiales electorales deberán considerar los preparativos de las elecciones de 2027, mientras que las investigaciones sobre posibles irregularidades tendrán que determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las revisiones de las autoridades competentes.
Con información de El Economista y La Jornada.
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