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febrero 5, 2026 | 5:53

Tipificarán como delito el encubrimiento a deudores alimentarios en Chihuahua

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Leticia Ortega propone castigo a quienes oculten bienes o ingresos para evadir pensión alimenticia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Leticia Ortega Máynez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua con el fin de castigar penalmente a las personas que ayuden de forma deliberada a un deudor alimentario a evadir sus obligaciones legales, simulando ingresos o encubriendo bienes.

La propuesta legislativa busca cerrar un vacío legal que permite a muchos deudores ocultar su patrimonio con ayuda de familiares, parejas u otras personas cercanas, lo que impide que se haga efectivo el pago de pensiones alimenticias dictadas por resolución judicial.

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De acuerdo con la iniciativa, se pretende adicionar el artículo 191 BIS al Título Séptimo del Código Penal, lo que permitiría sancionar con prisión y multas económicas a quienes colaboren activamente en el ocultamiento patrimonial del deudor.

“Estamos ante una forma grave de violencia económica, que afecta directamente a niñas, niños y personas dependientes. Estas redes de complicidad permiten a los deudores burlar la ley, mientras las víctimas siguen desprotegidas”, argumentó Ortega Máynez en tribuna.

Según datos del INEGI, en Chihuahua más del 60% de las mujeres con hijos que no viven con el padre no reciben pensión alimenticia, y el 70% de quienes inician procesos enfrentan estrategias evasivas, muchas veces apoyadas por terceros.

Ortega Máynez subrayó que la propuesta no busca criminalizar a quienes actúan de buena fe, sino sancionar a quienes participan de manera consciente en un fraude judicial. Afirmó que otros países, como Canadá, España y Estados Unidos, ya han implementado figuras similares para evitar estos abusos.

Finalmente, la diputada sostuvo que esta reforma es un paso firme hacia la protección del interés superior de la niñez y la equidad jurídica. “El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que el derecho a los alimentos sea efectivo, y no una letra muerta vulnerada por trampas legales”, concluyó.

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