El presidente del Congreso de Chihuahua afirmó que el caso de Nicolás Maduro debe analizarse como responsabilidad penal individual y no como un conflicto entre Estados.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Guillermo Ramírez, presidente del H. Congreso del Estado, fijó una postura pública sobre la situación jurídica internacional de Nicolás Maduro, al sostener que el derecho internacional no ampara la impunidad ni protege a regímenes autoritarios, sino que está orientado a sancionar conductas individuales que vulneran el orden jurídico global.
El legislador subrayó que el tema no debe abordarse desde una óptica ideológica ni como un debate de soberanía entre naciones, sino como un asunto de responsabilidad penal individual frente a la ley internacional.
“Yo hablo como mexicano y como ciudadano, desde el derecho internacional y no desde la ideología. Lo que ocurre con Nicolás Maduro no es un debate de soberanía ni de intervención entre Estados; es un asunto de responsabilidad penal individual”.
Ramírez afirmó que la permanencia de Maduro en el poder no deriva de un proceso democrático legítimo, sino de un régimen autoritario que carece de sustento tanto en su origen como en su ejercicio, al concentrar el poder y vulnerar derechos fundamentales.
Señaló que cuando un gobierno controla o expropia medios de comunicación, limita la libertad de prensa y viola de manera sistemática los derechos humanos, pierde cualquier base democrática y queda sujeto al escrutinio del derecho internacional.
El presidente del Congreso explicó que si bien el derecho internacional prohíbe la agresión entre Estados, ello no impide que una persona sea investigada o juzgada por delitos graves de carácter transnacional.
“No se juzga a Venezuela como país; se analiza la conducta de un individuo que enfrenta desde hace años acusaciones formales, investigaciones penales, alertas internacionales y señalamientos por crimen organizado y narcotráfico”.
Finalmente, Ramírez sostuvo que el derecho internacional existe para proteger a las víctimas, garantizar el acceso a la justicia y preservar la legalidad, no para blindar a gobiernos autoritarios ni perpetuar la impunidad, al tiempo que reiteró su respaldo a la democracia y los derechos humanos.
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