La queja reúne 145 hechos ocurridos en más de cuatro años y pide medidas de protección para la denunciante, sus hijos y personas vinculadas con su defensa.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La defensa de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y solicitó medidas de protección para ella, sus hijos y personas cercanas a su representación legal, después de que la mujer denunciara públicamente presuntas amenazas, persecución y abusos relacionados con su trabajo en la Feria de Santa Rita.
El abogado Luis Villegas Montes acudió este martes ante la CEDH en representación de Domínguez y explicó que el expediente reúne 145 hechos ocurridos durante un periodo superior a cuatro años, los cuales deberán ser revisados por el organismo para determinar si existieron violaciones a derechos humanos.
La queja plantea posibles actos de abuso de autoridad, vigilancia indebida, intimidación, afectaciones a la vida familiar y eventuales represalias, de acuerdo con lo expuesto por la defensa y con el testimonio que Domínguez difundió previamente mediante un video en redes sociales.
El caso tiene como antecedente la relación laboral que Domínguez mantuvo desde 2022 con Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora Maru Campos, así como su participación en actividades relacionadas con la Feria de Santa Rita. Según la defensa, con el paso del tiempo se habría generado una relación de dependencia económica y profesional que terminó limitando su margen de decisión.
La propia Domínguez se presentó públicamente como exdirectora operativa de la Feria de Santa Rita y sostuvo que trabajó bajo instrucciones de Manuel Campos Galván. En su denuncia aseguró que posteriormente comenzó a sufrir persecución, amenazas, violencia de género y hostigamiento.
“Tengo meses siendo perseguida por Manuel Campos Galván, quien se aprovecha de toda la estructura de gobierno a su disposición para llevar a cabo esta persecución”, afirmó en el mensaje difundido públicamente.
La mujer responsabilizó por su seguridad y la de su familia a Manuel Campos Galván; a la gobernadora María Eugenia Campos Galván; al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; a Alberto de la Peña Grajeda; y a Fernando Álvarez Monge. Estos señalamientos corresponden a su denuncia y hasta ahora no constituyen determinaciones de responsabilidad por parte de una autoridad.
Entre los episodios incorporados al caso se encuentra el cateo realizado el 30 de junio de 2026 en el domicilio de Domínguez. La denunciante sostuvo que personas armadas ingresaron durante la madrugada cuando se encontraba con sus hijos y su madre, que fueron incomunicados y que le fueron retirados teléfonos, una computadora, documentos y dinero.
La defensa pidió que la CEDH revise las circunstancias de ese operativo y determine si durante su ejecución existieron violaciones a los derechos de Domínguez y de sus hijos.
Otro de los puntos incluidos en la queja corresponde a la actuación de los escoltas que fueron asignados a la mujer, pues su abogado solicitó investigar si una medida originalmente destinada a brindarle protección pudo transformarse posteriormente en un mecanismo de vigilancia o control.
“La Comisión deberá determinar si una medida que debía protegerla terminó convirtiéndose en un mecanismo de vigilancia y control”, señaló Villegas Montes.
Domínguez también ha denunciado presunto acoso sexual, violencia de género y presiones relacionadas con supuestas irregularidades financieras en la administración de la Feria de Santa Rita. En su mensaje afirmó que decidió negarse a participar en actos que describió como fraudes y desvíos millonarios.
Con la presentación de la queja, el caso pasa ahora a una instancia formal de derechos humanos, que deberá analizar los hechos expuestos, determinar si corresponde emitir medidas cautelares o de protección y revisar la actuación de las autoridades señaladas dentro de su ámbito de competencia.
Hasta el momento, en la información proporcionada no se incluye una postura de la gobernadora Maru Campos, Manuel Campos Galván, Santiago de la Peña, Alberto de la Peña, Fernando Álvarez Monge o de las instituciones mencionadas frente a las acusaciones formuladas por Domínguez.
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