Durante la Sesión de la Diputación Permanente, se llevó a cabo la declaratoria de reforma constitucional relacionada con el decreto 233/2025. Esta reforma tiene como objetivo la adecuación del artículo 83 Ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, buscando optimizar la coordinación entre los órganos fiscalizadores tanto a nivel federal como estatal.
Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La aprobación del decreto fue respaldada por 38 ayuntamientos del Estado de Chihuahua, lo que representa un 90.26% de la población total de la entidad, de acuerdo con el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020. Este respaldo significativo indica un amplio consenso entre los municipios sobre la importancia de fortalecer la fiscalización de los recursos públicos.
Con la finalización del procedimiento establecido en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, el Poder Legislativo procedió a realizar la convocatoria correspondiente para formalizar la reforma. Este paso es crucial para asegurar que las modificaciones sean implementadas de manera efectiva y que se logren los objetivos planteados en la reforma.
Cabe destacar que la reforma fue aprobada previamente en una sesión del Pleno del Congreso el 8 de mayo de 2025. La modificación al artículo 83 Ter establece que, de manera directa o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se podrá fiscalizar las participaciones federales. Esto implica un mayor control sobre el uso de los recursos financieros que se transfieren desde el gobierno federal hacia los estados y municipios.
Además, la reforma contempla que en el caso de que los empréstitos de los estados y municipios cuenten con la garantía de la Federación, se fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes. Esta medida busca garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las finanzas públicas.
En resumen, la reforma constitucional aprobada en Chihuahua representa un avance significativo en la fiscalización de recursos públicos, promoviendo una mayor colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y asegurando un uso más eficiente de los recursos destinados al desarrollo estatal y municipal.
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