Fue la diputada Leticia Ortega quien planteó el voto razonado de Morena.
Chihuahua Chih (ADN/Adriana Saucedo) Ante la pretensión del PAN de modificar la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la bancada de Morena, en el Congreso del Estado, presentó voto razonado, asegurando que la modificación no asegura la obtención de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera íntegra, participativa y transparente.
Fue la diputada Leticia Ortega quien planteó el voto razonado de Morena. Primeramente, los morenistas argumentaron que el proceso legislativo de reforma fue opaco y fuera de la ley, pues: solamente fue analizada y discutida durante la sesión del 16 de diciembre, esto en contra del principio de deliberación democrática, además el dictamen fue aprobado aun cuando existían cambios que se votaron realizar, esto en contra del principio de seguridad jurídica. Por si fuera poco, para el estudio y análisis de la iniciativa no se analizaron mesas técnicas, reuniones informativas, reuniones de trabajo y solicitudes de opinión a las autoridades encargadas de aplicar la Ley.
Además, en el análisis de la iniciativa de reforma se destaca que: el artículo 9 pretende establecer que se puedan realizar contratos en el extranjero para adquirir o arrendar bienes que serán usados en el Estado, sin embargo, no se obliga a justificar la conveniencia de contratar con el proveedor extranjero, mientras la legislación federal sí lo hace.
La iniciativa propone exceptuar del registro en el Padrón de Proveedores todas las contrataciones que tengan un valor inferior a seiscientas veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente
En el artículo 71 se pretende establecer que los entes públicos, a través de su Comité, puedan cancelar una licitación incluso hasta antes de la firma del contrato.
El artículo 71 permitirá hacer pedidos iguales o inferiores a 130 veces el valor del UMA mensual, es decir, cerca de 400 mil pesos, sin la necesidad de realizar un proceso licitatorio ni la justificación de adjudicación directa.
Y por último, esta reforma permitirá con la simple autorización previa y específica de la Función Pública o del Órgano Interno de Control que los servidores públicos puedan intervenir en procedimientos de contratación aun cuando tengan interés personal.
Sin embargo y a pesar de todo lo expuesto, el PAN utilizó su mayoría en el Congreso y no tomó en cuenta este voto razonado de morena, aprobando el dictamen que modifica la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
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