La gobernadora sostuvo que la Federación debe responder por las condiciones de seguridad en la zona serrana
Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván cuestionó la intención del Senado de la República de citarla para abordar la situación de desplazamiento en Guadalupe y Calvo, al señalar que la Cámara Alta no cuenta con facultades para obligar a comparecer a un gobernador.
La mandataria estatal sostuvo que, en caso de acudir a un llamado del Senado, lo haría únicamente como un acto de buena fe y no por una obligación legal derivada de las atribuciones del Poder Legislativo federal.
Campos Galván afirmó que la responsabilidad principal en el caso de las familias desplazadas corresponde al Gobierno Federal, al argumentar que la situación está relacionada con la presencia de grupos delictivos en la zona serrana y con afectaciones a servicios básicos.
De acuerdo con la gobernadora, el desplazamiento reciente de habitantes de comunidades de Guadalupe y Calvo ocurrió luego de que integrantes del crimen organizado dañaran infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, dejando a la población sin energía, sin internet y con dificultades para recibir víveres.
La mandataria también señaló que se habrían registrado ataques contra vehículos de Diconsa, lo que, según su versión, complicó el ingreso de alimentos a las comunidades afectadas en la región serrana.
En ese contexto, Campos Galván sostuvo que el suministro de energía, comunicaciones y abasto alimentario involucra responsabilidades federales, por lo que consideró que la administración federal debe responder por las condiciones que derivaron en el desplazamiento.
La gobernadora también lanzó críticas contra Morena y acusó a actores de ese partido de mantener vínculos o acuerdos con grupos delictivos, señalamientos que realizó en medio de la discusión pública por la seguridad en la Sierra Tarahumara.
Las declaraciones se producen después de que en el Senado se planteara llamar a la gobernadora para atender el problema del desplazamiento forzado interno provocado por la violencia en diversas regiones de Chihuahua.
Hasta el momento, el planteamiento legislativo ha sido presentado como un llamado político para que se adopten medidas de atención a las comunidades afectadas, mientras que el Gobierno del Estado ha insistido en que la situación requiere intervención federal por tratarse de hechos vinculados con grupos criminales.
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