El legislador acusó improvisación, autoritarismo y falta de consulta a pueblos originarios en el proceso legislativo.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local por el Distrito XXI, Guillermo Ramírez, manifestó un enérgico rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre, al considerar que el proceso se llevó a cabo de forma acelerada, sin diálogo con el sector agrícola ni con los pueblos originarios, quienes —dijo— debieron ser consultados conforme a la Constitución y los tratados internacionales.
En su posicionamiento, Ramírez calificó la iniciativa impulsada por la mayoría parlamentaria como “una visión centralista y autoritaria”, que se construyó desde oficinas lejanas al campo y sin tomar en cuenta a quienes realmente viven y dependen del uso racional del recurso hídrico. “Negarles la voz es negarles el derecho a decidir sobre su tierra, su territorio y su agua”, sentenció el legislador chihuahuense.
El diputado recordó que la Constitución mexicana y convenios internacionales obligan al Estado a consultar a los pueblos originarios en cualquier reforma que pueda afectar sus territorios o recursos naturales. Afirmó que la omisión de este paso no solo viola derechos humanos fundamentales, sino que también debilita la legitimidad de cualquier reforma relacionada con el agua, particularmente en zonas donde la gestión de este recurso es clave para la subsistencia.
Ramírez también cuestionó el fondo y la forma de la reforma aprobada, señalando que durante la discusión en San Lázaro se realizaron más de 50 modificaciones de último momento, lo que —afirmó— refleja una profunda improvisación por parte de quienes promovieron el dictamen. En ese sentido, advirtió que ni siquiera sus impulsores parecían tener claridad sobre el alcance real del cambio normativo.
Entre las preocupaciones destacadas por el legislador está la creación del llamado Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, cuya operación se definirá posteriormente vía reglamento. A su juicio, este nuevo mecanismo abre la puerta a decisiones discrecionales sin controles ni participación ciudadana. “Ese fondo abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción”, alertó, tras advertir que una estructura así podría dejar a productores agrícolas sin certeza sobre el acceso a un recurso vital.
El diputado local reiteró que la reforma, lejos de fortalecer el manejo del agua, amenaza con desestabilizar la producción agrícola y con ello la soberanía alimentaria del país. “El agua no puede convertirse en botín político ni en instrumento de control”, sostuvo, al señalar que los verdaderos afectados serán quienes producen, siembran y protegen el campo mexicano.
Finalmente, Ramírez se comprometió a mantenerse en defensa del agua y del sector productivo de Chihuahua, al tiempo que hizo un llamado al Senado para detener la reforma y abrir un proceso de diálogo real. “Mientras algunos obedecen consignas, nosotros defendemos a la gente. ¡Chihuahua no se va a quedar callado!”, concluyó.
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