El coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua aseguró que la investigación contra el exfiscal inició en abril y pidió respetar el debido proceso.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo político entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos, relacionado con las investigaciones contra el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno.
El legislador cuestionó los señalamientos realizados desde Morena sobre la presunta existencia de un pacto entre los gobiernos federal y estatal, al considerar que resultan contradictorios con las exigencias de algunos integrantes de ese mismo partido para que la mandataria chihuahuense comparezca y rinda cuentas sobre el caso.
Chávez recordó que la investigación contra el exfuncionario comenzó desde abril de 2026, por instrucciones del Gobierno del Estado, y sostuvo que las propias autoridades estatales llevaron el asunto ante las instancias judiciales correspondientes.
“Si de verdad existiera ese pacto, ¿por qué Morena y sus aliados la persiguen, la exigen y la quieren sentar a declarar?”.
El coordinador panista señaló que las distintas posturas expresadas por integrantes de Morena deben analizarse a partir de las actuaciones institucionales realizadas durante la investigación, particularmente en lo relacionado con la intervención de las autoridades encargadas de procurar justicia.
En ese contexto, defendió que la apertura de una investigación contra un exfuncionario no implica que exista una responsabilidad penal acreditada, por lo que pidió evitar señalamientos que puedan interpretarse como condenas anticipadas.
El diputado sostuvo que corresponde a las fiscalías reunir y presentar los elementos de prueba necesarios, mientras que las autoridades judiciales deben determinar si existen responsabilidades conforme a los procedimientos establecidos en la legislación.
Chávez también planteó que el Congreso del Estado debe mantener su función de vigilancia y rendición de cuentas, sin que las diferencias entre partidos políticos interfieran con el principio de presunción de inocencia o el desarrollo de las investigaciones.
Asimismo, consideró necesario que las exigencias de transparencia y esclarecimiento de posibles irregularidades se apliquen con los mismos criterios a funcionarios y exfuncionarios de cualquier fuerza política.
Como parte de sus señalamientos, mencionó los casos relacionados con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, sobre los cuales consideró que Morena también debería promover explicaciones e investigaciones cuando existan cuestionamientos que ameriten la intervención de las autoridades.
Las declaraciones se producen en medio de las repercusiones políticas y judiciales del caso del exfiscal César Jáuregui, cuya situación ha generado posicionamientos entre representantes del PAN y Morena en Chihuahua, así como cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales y federales.
El coordinador parlamentario reiteró que la determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a las instancias de procuración e impartición de justicia, mientras que el Poder Legislativo debe ejercer sus facultades de supervisión sin sustituir las decisiones judiciales.
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