La iniciativa busca agilizar el registro de deudores y establecer consecuencias legales y patrimoniales para quienes incumplan con la pensión.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la aplicación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas (REPDAM), con el objetivo de garantizar que quienes incumplen con la pensión alimenticia enfrenten consecuencias legales y patrimoniales.
La legisladora explicó que, aunque el registro fue creado en 2021 para identificar a padres que no cumplen con sus obligaciones, en la práctica su uso ha sido mínimo debido a la complejidad del procedimiento actual, lo que obliga a las madres a realizar trámites adicionales incluso después de largos procesos judiciales.
Contreras señaló que esta situación refleja una falla estructural del sistema, ya que en muchos casos las madres terminan asumiendo solas los gastos de manutención de sus hijos, lo que calificó como una forma de violencia económica.
“Cuando un padre deja de pagar la pensión, la carga recae completamente en la madre”.
La iniciativa plantea modificar el funcionamiento del REPDAM para que el registro de deudores se realice de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin que la madre tenga que iniciar nuevos trámites.
Además, propone que la inscripción en el registro se ejecute en un plazo máximo de 24 horas, con el objetivo de agilizar la aplicación de las medidas legales correspondientes.
Entre los cambios propuestos se establece que instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como bancos y empleadores, estén obligados a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes de los deudores en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La reforma también contempla consecuencias patrimoniales para quienes incumplan con la pensión alimenticia, como la imposibilidad de vender propiedades, la retención de devoluciones fiscales, el bloqueo de cuentas bancarias por orden judicial y restricciones para ocupar cargos públicos, ser candidatos o proveedores del gobierno.
Asimismo, propone conectar el registro estatal con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, además de establecer sanciones de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para servidores públicos, notarios o empleadores que obstaculicen la aplicación de la ley.
“Porque ninguna madre debería cargar sola con lo que legalmente corresponde a dos”.
La diputada reiteró que la reforma busca garantizar que la legislación realmente proteja a las familias y que ningún menor quede sin sustento por el incumplimiento de la pensión alimenticia.
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