La iniciativa contempla penas de hasta seis años para quienes incurran en este delito, especialmente en casos con daño colateral a menores.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de proteger la integridad de personas inocentes y garantizar que el sistema de justicia opere con base en la verdad, el diputado Carlos Olson San Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para establecer sanciones penales más severas en contra de quienes interpongan denuncias falsas en el estado de Chihuahua.
Durante la presentación ante el Congreso local, Olson advirtió que este tipo de acciones no solo vulneran los derechos de quienes son acusados injustamente, sino que además desvían recursos humanos, materiales y financieros que deberían estar destinados a la atención de víctimas reales. “Cada denuncia falsa es una traición a la justicia. Se desperdician recursos que deberían servir a las verdaderas víctimas y se destruyen vidas inocentes”, subrayó.
El legislador señaló que las denuncias falsas pueden tener efectos devastadores, como la pérdida de empleo, daño reputacional y desintegración familiar. En particular, destacó los casos en los que estos actos son utilizados como instrumento en conflictos domésticos o disputas por la custodia de menores, generando inestabilidad emocional y legal para niñas, niños y adolescentes.
La propuesta de Olson contempla penas de uno a seis años de prisión, así como multas económicas para quien incurra en este delito. La iniciativa también plantea agravantes cuando se demuestre la participación de funcionarios públicos o profesionales del derecho en la elaboración o sostenimiento de una denuncia falsa, considerando el impacto que esto tiene en la credibilidad del sistema judicial.
De acuerdo con el legislador, esta reforma busca fortalecer el Estado de Derecho, proteger la dignidad y derechos humanos de personas inocentes y asegurar que el aparato de justicia funcione de manera ética, eficaz y con confianza ciudadana.
El tema cobra relevancia en un contexto donde el uso indebido de denuncias penales ha generado preocupación en diversos sectores sociales y profesionales, al detectarse su uso como mecanismo de presión, venganza o manipulación en distintos tipos de conflictos.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. Olson hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para respaldar la propuesta, que considera una medida urgente para garantizar un sistema judicial justo y libre de abusos.
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