Busca impedir donaciones o subsidios sin contraprestación económica y establecer criterios de rentabilidad y transparencia.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado federal y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de prohibir la donación, subsidio o transferencia de hidrocarburos a Estados extranjeros sin una contraprestación económica equivalente a su valor en el mercado internacional.
La propuesta plantea establecer un candado constitucional permanente que obligue a que cualquier exportación de petróleo y otros hidrocarburos se realice bajo criterios de rentabilidad, transparencia y beneficio económico directo para el país, con el fin de proteger el patrimonio energético nacional.
El legislador sostuvo que, de acuerdo con sus señalamientos, el Gobierno federal ha entregado petróleo a Cuba por un monto aproximado de 8 mil millones de dólares, mientras entidades federativas como Chihuahua enfrentan limitaciones presupuestales para atender infraestructura, seguridad y servicios de salud.
Sánchez Villegas argumentó que esta política energética se da en un contexto en el que Petróleos Mexicanos registra pérdidas financieras y las familias mexicanas enfrentan altos precios en los combustibles, lo que, dijo, contrasta con el envío de hidrocarburos al extranjero sin beneficios económicos claros para México.
“Que no nos engañen: eso no es solidaridad. Eso es saqueo. Eso es traicionar el patrimonio de la Nación. El petróleo no es del gobierno, no es del presidente ni es botín de ningún régimen; el petróleo es de los mexicanos”, expresó el diputado.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados afirmó que los recursos energéticos no deben utilizarse como moneda política, sino como un activo estratégico que contribuya al desarrollo nacional y al fortalecimiento de las finanzas públicas.
La iniciativa busca que cualquier operación internacional en materia de hidrocarburos quede sujeta a reglas claras, evitando decisiones discrecionales y asegurando que el aprovechamiento de estos recursos genere beneficios económicos tangibles para el Estado mexicano.
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