La diputada local por Morena explica que se pretende armonizar con la Ley Federal y, además, sin blindaje para funcionarios de alto nivel.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – La Fracción Parlamentaria de Morena presentó una iniciativa para expedir la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, adecuada a la Ley Federal y sin excepciones que permitan que haya impunidad para los funcionarios públicos.
La subcoordinadora de la bancada, Adriana Terrazas Porras, presentó la propuesta y contextualizó con el hecho de que en 2018 se aprobó una ley en la materia.
Sin embargo, el documento fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de Inconstitucionalidad al encontrar violaciones al procedimiento legislativo desde la conformación de la comisión jurisdiccional, que afectó al principio democrático de participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad.
“Se dio un mensaje equivocado al imponer con argumentos leguleyos al interior del Poder Legislativo la ley, que pronto quedaría sin efectos”, dijo.
Indicó que fueron los mismos diputados de Acción Nacional quienes violentaron el procedimiento legislativo, pero ya son nuevos tiempos que aportarán a esta iniciativa para fortalecerla.
No se pueden repetir hechos, como que la Comisión Jurisdiccional excedía sus facultades y se tuvo que contratar a un ‘especialista’ en el tema para darle seguimiento y atender la declaración de procedencia que se presentó apenas en la legislatura pasada por carecer de la capacitación pertinente al interior de los órganos del Congreso, así como otras lagunas que deben ser superadas, mencionó.
El estudio de este proyecto, dijo, debe darse con entera responsabilidad y sin tomar decisiones a la ligera.
Terrazas Porras señaló que esta ley descarta cualquier ‘blindaje’ a funcionarios públicos, al integrar en los sujetos a juicio político a los funcionarios del Poder Judicial local, los secretarios de Despacho, el fiscal general, el consejero presidente de los órganos constitucionales autónomos, los magistrados electorales y quien ocupe la titularidad del poder Ejecutivo, entre otros.
Todos ellos, añadió, son los responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Los funcionarios estatales podrán ser sujetos a Juicio Político por violaciones graves a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos y, en el caso de la Declaración de Procedencia que al efecto dicte este Congreso.
Así, en ejercicio de sus atribuciones, se procederá como corresponda y, en su caso, pondrá al imputado a disposición del órgano jurisdiccional respectivo.
“El mensaje que queremos dar es claro: nada, ni nadie está por encima de la ley y mucho menos por encima de las y los chihuahuenses”, expresó.
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