Madres de niñas presuntamente víctimas de violencia sexual pidieron apoyo legislativo ante falta de avances en la investigación.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Madres de niñas presuntamente víctimas de violencia sexual en la guardería Gussi se reunieron con la diputada María Antonieta, a 18 meses de que los hechos fueron denunciados públicamente y sin que, de acuerdo con las afectadas, existan resultados claros en las investigaciones.
Durante el encuentro, cuatro madres expusieron de manera privada el estado que guardan sus casos y manifestaron su preocupación por la falta de avances en los expedientes integrados ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.
Las madres señalaron que sus hijas, algunas de uno, dos y tres años de edad al momento de los hechos denunciados, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando presuntamente ocurrieron las agresiones. Afirmaron que, además del impacto emocional y familiar, enfrentan incertidumbre por un proceso que consideran lento y sin certezas suficientes.
Uno de los puntos expuestos ante la legisladora fue la inconformidad de las familias con una posible línea de investigación que, según refirieron, apuntaría a que las agresiones pudieron haber ocurrido fuera de la guardería, sin que se les hayan presentado elementos suficientes para sostener esa hipótesis.
“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, sostuvo la diputada.
La legisladora informó que trabaja con su equipo jurídico en la revisión del estado de los expedientes y que buscará sumar a organizaciones especializadas, entre ellas Casa Amiga, para acompañar a las familias y definir una estrategia jurídica que permita exigir resultados a las autoridades competentes.
El caso, de acuerdo con lo planteado por la diputada, también abre una discusión sobre la responsabilidad institucional en los espacios de cuidado infantil, particularmente cuando niñas y niños se encuentran bajo resguardo de una institución que debe garantizar condiciones de seguridad.
La diputada señaló que, cuando existe una denuncia de esta naturaleza, las autoridades tienen la obligación de investigar con rigor, proteger a las víctimas y actuar con perspectiva de infancia y enfoque de derechos humanos.
“No podemos normalizar que unas madres tengan que tocar puertas durante año y medio para conseguir que se investigue lo que ocurrió con sus propias hijas. Las infancias no pueden esperar. Y si alguien, por omisión o negligencia, no está haciendo su trabajo, tendrá que responder por ello”, afirmó.
La legisladora refrendó que acompañará a las madres desde su responsabilidad legislativa y que utilizará las herramientas a su alcance para solicitar que las autoridades actúen con diligencia hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.
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